La compleja trama en torno al agente policial, de 50 años, quien fue detenido en diciembre del 2023 en un procedimiento realizado en Venado Tuerto, derivó en una sentencia de tres años de prisión en suspenso, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de $24.000.000. La jueza Paula Borrello ordenó la condena en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos, desarrollado en el mediodía de hoy en los Tribunales de Venado Tuerto. El fallo dejó al descubierto el alcance del enriquecimiento ilícito y la tenencia ilegal de armas, incluyendo una granada de guerra, tras una investigación exhaustiva encabezada por el fiscal Eduardo Lago.
Integraba la Brigada Operativa de Drogas Peligrosas del departamento San Lorenzo, pero residía en Venado Tuerto, quedó bajo la lupa de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia en 2019, cuando la entidad detectó un incremento patrimonial significativo. Durante la investigación se confirmó que había adquirido múltiples bienes, entre ellos 20 vehículos (camionetas, automóviles y motocicletas), cuatro lotes y una remisería. Asimismo, no pudo justificar su participación en un fideicomiso inmobiliario y la posesión de un explosivo militar, en particular, una granada de mano encontrada en su oficina en Venado Tuerto.
Una red de bienes no declarados y transacciones inexplicables
El fiscal Lago reveló que acumuló propiedades y vehículos entre 2013 y 2019, sin que sus ingresos como agente policial explicaran su patrimonio. “No tiene otra actividad laboral registrada, y la situación económica de su grupo familiar no respalda el poder adquisitivo necesario para tales compras”, puntualizó Lago. La compra de 20 vehículos, algunos registrados a nombre de su padre, madre y hermano, a quienes le otorgaron el poder de representación, junto con la adquisición de tres lotes en Venado Tuerto y uno en San Lorenzo, consolidaron un patrón de transacciones irregulares. Además, durante los allanamientos se incautaron $14.500 dólares en efectivo, cuya procedencia no pudo justificar.
Las armas y el explosivo
En los operativos realizados en Venado Tuerto y San Eduardo encontraron diversas alarmas. En la vivienda, los agentes encontraron una pistola semiautomática calibre 22 con cargador y municiones, la cual portaba sin autorización, una infracción grave dada su licencia psiquiátrica. En su oficina, encontraron una granada que utilizaba como piza papeles y que la Brigada de Explosivos debía neutralizar mediante una detonación controlada realizada en inmediaciones del basural de Venado Tuerto.
La sentencia
Junto a su abogado defensor, obtuvo la calificación penal de enriquecimiento ilícito, portación de arma de uso civil sin autorización y tenencia de materiales explosivos, y accedió a la pena impuesta y al juicio abreviado. La jueza Borrello lo sentenció además a cumplir normas de conducta, incluyendo la obligación de acreditar mensualmente su residencia y situación laboral, así como el pago de una multa millonaria como resarcimiento.
Este caso se mantiene abierto debido a otro legajo penal en la Fiscalía Regional 3, donde enfrenta cargos por amenazas y daños, según confirmó el fiscal. La complejidad del proceso en su contra, sumado al abanico de pruebas en su contra, lo convierte en uno de los casos más significativos de enriquecimiento ilícito y corrupción policial en la región.
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