La Justicia confirmó los procesamientos de nueve personas -tres varones y seis mujeres- en una causa en la que se investiga el funcionamiento de una organización criminal dedicada al ingreso y comercialización de drogas dentro del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y confirmó la prisión preventiva de tres de los procesados.
De acuerdo con el sitio del Ministerio Público Fiscal, la decisión fue adoptada por los jueces César Álvarez y Roberto Agustín Lemos Arias, quienes consideraron configurado el delito de comercialización de estupefacientes agravado por haberse cometido en forma organizada entre tres o más personas y dentro de un establecimiento penitenciario.
A través de evidencias colectadas se reconstruyó el funcionamiento de una organización criminal con base en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, que operó al menos entre noviembre de 2019 y julio de 2024, cuyo objetivo era ingresar y comercializar estupefacientes dentro de establecimientos penitenciarios, evadiendo los controles de ingreso de visitantes y mercaderías. De acuerdo con la investigación, cita el sitio “Fiscales”, el grupo estaba integrado por personas privadas de su libertad y por otras que actuaban desde fuera de la cárcel, en libertad, en su mayoría vinculadas entre sí por lazos familiares o afectivos.
En la pesquisa se estableció que distintas mujeres que colaboraban con el grupo se registraban como parejas de reclusos y presentaban certificados de embarazo falsos que les permitían eludir el control por rayos X (body scan) dispuesto en los protocolos de seguridad penitenciaria. Una vez dentro de las unidades, transportaban en su cuerpo pequeñas cantidades de droga previamente fraccionadas y empaquetadas, que luego eran entregadas a las personas privadas de su libertad para su distribución y venta interna.
La fiscalía informó que las operaciones se extendieron más allá del CPF I de Ezeiza, pues se identificaron maniobras similares en la Unidad Penitenciaria N° 60 del Servicio Penitenciario Bonaerense, situada en Merlo, y en la Alcaidía N° 10 bis de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Siempre de acuerdo con “Fiscales”, a partir del entrecruzamiento de datos, pudo establecerse que los compradores, también privados de libertad, abonaban la droga adquirida mediante la cesión de sus haberes (peculios), autorizando a miembros de la organización a percibir los cheques emitidos por la administración del penal. Esos fondos eran luego administrados y registrados en forma detallada con un control financiero centralizado en uno de los internos que actuaba como coordinador general de las maniobras, informó la fiscalía.
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