En el contexto de desguace de las políticas destinadas a la agricultura familiar, campesina e indígena, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) prohibió a sus trabajadores el uso de las palabras “cambio climático”, “sustentabilidad”, “agroecología”, “género”, “biodiversidad”, “huella de carbono” y “prohuerta” en documentos y publicaciones del organismo.
Así lo denunciaron desde la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA). Por esta situación, el sindicato pidió explicaciones al Consejo Directivo de la entidad, pero no obtuvo respuestas. El presidente del INTA, Juan Cruz Molina Hafford, es un reconocido impulsor del agronegocio y detractor de la agroecología.
El 11 de junio, APINTA emitió un comunicado en el que denunció la situación de censura y alertó que la prohibición de utilizar los términos mencionados afecta el desarrollo del Plan Estratégico Institucional 2015-2030. Dos semanas después, el 25 de junio, la situación fue llevada a un encuentro de comunicadores de las regionales del INTA, una de las estructuras administrativas en las que dividen al país. Allí estaba presente el presidente del instituto, Molina Hafford y en ese contexto, las autoridades volvieron a insistir: "Recomendaron que no se usen esas palabras y que se baje la presencia en Twitter, diciendo que es donde el Gobierno da la discusión política", afirmó el secretario general del sindicato, Mario Romero. Y destacó: “Nos llegó información de que en los equipos de comunicaciones regionales del INTA recibieron una bajada de línea sobre no utilizar esas palabras”.
El portal de internet especializado en ambiente, “Tierra Viva” consultó sobre el veto de las mencionadas palabras a Máximo Bontempo, director de Comunicación del INTA, pero decidió no responder. Por su parte, Romero enfatizó que la situación preocupa porque pone en riesgo los objetivos institucionales y los objetivos trazados en el Plan Institucional adoptado para el período 2015/2030. La decisión del Instituto va en sintonía con el cierre de programas como el ProHuerta, con la desarticulación de políticas para fomentar la agroecología y con el discurso de negacionismo climático del presidente Javier Milei.
APINTA cuestionó también la utilización de bots/trolls ligados al Gobierno, que realizan comentarios descalificadores y posteos agresivos contra la institución y la recepción de correos de "propaganda política y adoctrinamiento" desde la Subsecretaría de Vocería y Comunicación.
Ante la censura, el Consejo Directivo del organismo hace silencio. Se trata de la máxima autoridad del instituto, cuyos cargos son políticos y con fuerte presencia del agronegocio con representantes de la Sociedad Rural, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), Federación Agraria, Confederaciones Rurales (CRA), Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID) y la Asociación de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA). El actual presidente fue miembro de CRA, AAPRESID y AACREA.
El Plan Estratégico Institucional 2015-2030, contra el que atenta la directiva comunicacional, se plantea como objetivo impulsar la innovación y contribuir al desarrollo sostenible de un sistema agropecuario, agroalimentario y agroindustrial competitivo, "inclusivo, equitativo y cuidadoso del ambiente". También menciona la intención de ser un espacio que contribuya a la "soberanía científico-tecnológica, a la seguridad y soberanía alimentaria".
Antecedentes de censura en INTA:
En junio de 2023, la dirección nacional del INTA envió una nota a la investigadora Virginia Aparicio, de la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce. Se la "instruyó" a suspender la comunicación pública de los resultados del proyecto internacional Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global (Sprint). El proyecto evaluó la presencia de plaguicidas en Europa y Argentina. Los resultados preliminares del trabajo de Aparicio evidenciaban que los plaguicidas no permanecen únicamente en los campos de cultivo: están presentes en suelos, el agua, el aire y en los cuerpos de las personas.
A fines de 2022, ATE-INTA denunció que el INTA Córdoba, entonces encabezado por el actual presidente Molina Hafford, realizó un sumario al ingeniero agrónomo César Gramaglia, especialista en agroecología. Gramaglia había sido denunciado en 2020 por el propio Hafford, a partir de quejas de funcionarios del gobierno cordobés y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) provincial. El motivo: difundir las técnicas agroecológicas para el control de plaga de langosta, a contramano del modelo convencional con agrotóxicos.
También en ese año, el INTA reconoció el impacto de la deriva post aspersión con agrotóxicos en la contaminación del agua y de los suelos, como así también la creciente resistencia de las malezas por la “alta frecuencia” de aplicación de insumos de síntesis química. Sin embargo, frente a estos problemas, el organismo reivindicó las llamadas “Buenas Prácticas Agropecuarias” (BPAs), que no excluyen el uso de plaguicidas en la producción, como un “un instrumento clave”.
En 2018, el estudio "Plaguicidas en el ambiente" editado por el INTA, y escrito por Aparicio, Eliana Gonzalo Mayoral y José Luis Costa, fue borrado del repositorio digital de la entidad. Tras hacerse público el retiro de la publicación, decidieron volver a publicarlo.
Más atrás en el tiempo, en 2017, el director del Centro Regional Buenos Aires Norte, Hernán Trebino prohibió a sus trabajadores utilizar la palabra "agrotóxico". El mail enviado a quienes se desempeñaban en la entidad vetaba el término en las comunicaciones de los profesionales, en materiales impresos o virtuales o en cualquier otro tipo de comunicación institucional correspondiente al INTA. Argumentaba: "El término 'agrotóxico' implica una posición valorativa negativa que presupone un uso inadecuado o inapropiado de una alternativa tecnológica que bien empleada no debería constituirse en riesgo para la salud humana o ambiental". Y pedía usar, en cambio, los términos “productos fitosanitarios” o “agroquímicos”.
“Oscurantismo y terraplanismo en materia agropecuaria”
El ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez se refirió a esta situación en un video que publicó en su Instagram.
El funcionario mostró una captura de la noticia sobre la censura en INTA, la que calificó como “tremendo” y agregó que “es falta de libertad, es cercenar los derechos democráticos, pero además es oscurantismo y terraplanismo en materia agropecuaria”.
Además, el ministro afirmó que “la sustentabilidad no es un ‘invento progre’, de la agenda 2030. Hace ya más de 200 años que Belgrano hablaba de la importancia de la sustentabilidad de cuidar los suelos, es cuidar la producción, es cuidar a los productores, es cuidar en definitiva la posibilidad de la creación de trabajo en el sector agropecuario.
“Las miradas cortoplacistas, las miradas extractivistas niegan estas circunstancias y en definitiva ponen en peligro al conjunto de la producción. Podrán intentar prohibir las palabras, pero con eso no resuelven nada. Los problemas siguen estando ahí, hay que afrontarlos y resolverlos”, reflexionó Javier Rodríguez.
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