Este pedido fue respaldado por el titular de la cartera educativa, Carlos Horacio Torrendell, quien, según denuncias, permanece alejado de las repercusiones mediáticas mientras el conflicto escala. Organizaciones y legisladores exigen explicaciones.
Los recursos eliminados no son pocos: un centenar de producciones audiovisuales que incluían cuentos de María Elena Walsh, videos del canal Paka Paka y materiales sobre temas como familias diversas, métodos anticonceptivos y prevención del VIH-sida. Según Vota, estos contenidos "carecen de rigor científico" y no se adecuan a las edades de los estudiantes. Sin embargo, para especialistas como la vicedecana de Filosofía y Letras de la UBA, Graciela Morgade, esta decisión subestima el rol docente. "Los maestros trabajan los contenidos según las necesidades e intereses del grupo. Decir qué es adecuado o inadecuado desde el nivel central desvaloriza su labor", señaló.
Otro de los puntos más cuestionados es el uso de argumentos vinculados a la "ideología de género". Según Morgade, este término es utilizado para "huir de posicionamientos políticos. La ESI tiene perspectiva política porque busca garantizar derechos, combatir desigualdades y denunciar violencias estructurales".
Uno de los aspectos más críticos es el papel que cumple la ESI en la detección y prevención del abuso sexual infantil. Según un informe citado por La Dorrego, la implementación de contenidos de educación sexual en las aulas ha permitido que miles de niños, niñas y adolescentes identifiquen situaciones de abuso y encuentren un canal para denunciarlas. "La educación sexual integral no solo brinda herramientas de conocimiento sobre el propio cuerpo, sino que también genera confianza para que las víctimas puedan hablar y buscar ayuda", señala el artículo, subrayando que las estadísticas muestran un incremento en las denuncias de abuso gracias a la visibilidad que otorgan estos programas.
Además, la ESI permite desarticular mitos y prejuicios sobre el abuso sexual, educando a docentes y estudiantes en la detección temprana de señales de maltrato. Esto resulta fundamental en un país donde, según datos oficiales, el 80% de los casos de abuso infantil ocurre dentro del círculo familiar cercano. Sin estos contenidos las víctimas quedan aún más expuestas y desprovistas de herramientas para identificar y denunciar estas situaciones.
La decisión del gobierno de eliminar los materiales de la ESI se suma a una serie de políticas que buscan modificar la estructura de los contenidos educativos en Argentina, favoreciendo discursos que priorizan valores conservadores en detrimento de una formación integral y plural.
El gobierno de Javier Milei ha dado señales claras de su postura contraria a la ESI. En octubre, contrató a la ONG chilena Teen STAR, vinculada a grupos conservadores, para capacitar docentes bajo la premisa de promover la abstinencia sexual como prevención. En una de sus actividades, enseñaron a diagnosticar "desarreglos hormonales" con métodos cuestionables, como frotarse el brazo con una cuchara de metal.
La eliminación de estos contenidos también tuvo eco en redes sociales, donde figuras como Nicolás Márquez, biógrafo del presidente, celebraron la medida con declaraciones polémicas. "Adoctrinamiento para abuso psico-sexual infantil? ¡AFUERA!", escribió en Twitter, aunque arrastra denuncias por abuso sexual hacia su hija, un delito que justamente la ESI busca prevenir.
El Diputado Esteban Paulón exigió que Torrendell explique estas decisiones en el Congreso. "La ESI no promueve abusos; los visibiliza y ayuda a denunciarlos. Esta cruzada contra la evidencia científica pone al Gobierno en ridículo" señaló, comparándolo con discursos negacionistas de figuras ultraconservadoras.
La censura a la ESI no es un fenómeno aislado. En países de la región, grupos conservadores han impulsado campañas similares, vinculándola con "peligros ideológicos". En Argentina, sin embargo, la ley de ESI de 2006 posicionó al país como un referente en la región, aunque con avances desiguales según la gestión gubernamental.
