La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto con media sanción del Senado para modificar la ley 26.122 que establece el régimen para los decretos de necesidad y urgencia, un duro golpe para La Libertad Avanza que gobierno desde diciembre de 2023 con una clara minoría parlamentaria.
La propuesta busca establecer que todo DNU tenga que ser ratificado por ambas cámaras dentro de los 90 días posteriores a su publicación, caso contrario, el decreto quedará automáticamente derogado. “El rechazo del decreto por una de las Cámaras del Congreso de la Nación, o el vencimiento del plazo previsto, implicará su derogación”, señala el proyecto.
Con 140 votos positivos, 80 negativos y 17 abstenciones la oposición logró aprobar la modificación a la ley. Sin embargo, logró rechazar el articulo 3 que impone el plazo de 90 días para el tratamiento de un DNU. El tema vuelve al Senado que deberá ratificar o no la sanción original. El oficialismo gana tiempo con la ayuda de las abstención de bloques federales.
En el debate, el radical Rodrigo de Loredo marcó una distancia por el momento en que se puso el debate el proyecto: "la oposición trae una reglamentación de los DNU en términos teóricos muy positiva y necesaria, pero que intenta aplicarla en tiempo récord a uno de los gobiernos mas débiles en su representación democrática lo que no le aplicó a sus propios gobiernos, que encima tenían mayoría parlamentaria". La propuesta del bloque UCR es que se actualice la legislación pero que tenga impacto "recién a partir" del 10 de diciembre de 2027.
La respuesta a esta reflexión del diputado radical la otorgó el diputado de Encuentro Federal, Nicolas Massot, que defendió el proyecto y el momento de su tratamiento. "¿Por qué lo hacemos ahora? porque ningún gobierno hizo un abuso de esto. O se gobierna con mayoría o no se gobierna, nunca nos enfrentamos a un gobierno con vocación de permanecer en minoría. Estoy convencido que esto es a favor de la gobernabilidad", dijo.
Desde el oficialismo, el santafesino Nicolás Mayoraz aseguró que el proyecto de la oposición “quiere desestabilizar al Gobierno, generar la mayor inseguridad jurídica que puedan y lo hacen a través de este proyecto de ley que modifica de la peor manera la ley”.
La ex libertaria Marcela Pagano de Coherencia señaló que este proyecto “busca el equilibrio porque el Congreso no fue creado para obedecer, sino para debatir, para representar y para preguntar”. Definió la discusión como "un debate moral" y apuró al gobierno: "Cuando el Congreso se arrodilla, la Nación se apaga".
En Democracia para Siempre, Pablo Juliano, resumió la posición de su bloque: “Pocas veces el Congreso tiene la oportunidad de retomar un debate que tiene su epicentro con la reforma de la Constitución Nacional y pocas veces un poder constituido como lo es este Poder Legislativo tiene la oportunidad de entrar en un diálogo con los constituyentes”.
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