Diputados bonaerenses de la Coalición Cívica pidieron la renuncia del ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, investigado por la Justicia por supuestas maniobras de corrupción con las multas de tránsito, en una nota formal que dirigieron al gobernador Axel Kicillof.
En la nota, los diputados Luciano Bugallo, Maricel Etchecoin y Romina Braga señalaron que “es de público y notorio conocimiento que la Sra. Claudia Pombo, vinculada al Sr. Ministro y condenada previamente por malversación de fondos públicos, está actualmente siendo investigada por actos de corrupción vinculados a lavado de dinero en contrataciones irregulares de empresas de V.T.V. e irregularidades por comisiones percibidas indebidamente”.
Pombo es la pareja de D´Onofrio, y presidenta del Concejo Deliberante del Pilar.
En ese marco, los legisladores de la CC marcaron respecto de D’Onofrio su “vinculación con un millonario esquema de corrupción que está bajo investigación judicial” por lo que, sostuvieron, “no debe permanecer en su cargo, atento el avance de la investigación y la evidencia acumulada”.
“La magnitud de los retornos podría superar los 50 millones de dólares, una cifra inaceptable en perjuicio de todos los bonaerenses”, afirmaron en la nota.
También precisaron que “vehículos de alta gama y un estilo de vida incompatible con el salario de un ministro resultan ofensivos para las instituciones y mientras avanza la investigación y nuevas evidencias salen a la luz, la permanencia del Sr. D´Onofrio en su cargo es lisa y llanamente inaceptable”.
Por último, los diputados de la Coalición Cívica, concluyeron: “Es por ello que resulta imperativo que el Sr. Ministro deje su cargo y quede a disposición de la justicia, cesando de inmediato sus funciones por las que se habría valido para amasar una fortuna injustificable”.
Hace varias semanas, una denuncia por presunta corrupción presentada en la justicia federal de Campana, tiene a Onofrio, en la mira. Según el expediente judicial, tanto D’Onofrio como un asistente de ambos que también es funcionario bonaerense, el juez de Falta Mario Quattrocci, habrían armado un sistema de presunta corrupción para eliminar multas de tránsito previo pago de una coima.
La investigación se inició a partir de un denunciante, que especificó que esta red operaría en todo el ámbito provincial, y que tras esa primera denuncia se sumó la que formulara una de las empresas que saca las fotomultas.
En la presentación se habla de un fraude en perjuicio de la administración pública por miles de millones de pesos, a partir de lo que llama una “estructura criminal” dedicada a “matar multas” y de la que formarían parte gestores y funcionarios públicos.
Siempre en base a lo expuesto en ese escrito, la maniobra, configurativa -entiende- de una asociación ilícita, tendría como primer paso la captación de personas infraccionadas por una situación de tránsito, incluso a través de las redes sociales, para después proceder a su borrado del sistema contra entrega de una prestación dineraria en negro, que se repartiría entre los partícipes de la estafa.
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