El ajuste económico impulsado por Javier Milei golpea de lleno a la educación pública. Desde su llegada a la Casa Rosada, el presupuesto universitario cayó un 25% en términos reales, una cifra que se profundizará en 2025 con un recorte adicional del 26,3%. Esto afecta directamente a los docentes, cuyos salarios no logran seguir el ritmo de la inflación. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) alertó que un profesor con 10 años de antigüedad y dedicación simple percibe un sueldo de $268.052,31, una cifra que representa una pérdida real del 25% desde noviembre de 2023.
Los números oficiales del Presupuesto Abierto muestran que el financiamiento de la Educación Superior pasó de $1.380.407 millones en 2023 a $3.313.186 millones en 2024, con una proyección de $3.322.097 millones para 2025. A simple vista, parece un aumento, pero en un contexto inflacionario brutal, la realidad es otra: el ajuste es feroz y golpea todos los sectores universitarios.
El impacto no solo afecta los sueldos docentes. Las universidades nacionales están en estado crítico: sin actualización de partidas, los gastos operativos quedaron desfasados, lo que pone en riesgo el funcionamiento de muchas casas de estudio. Investigaciones detenidas, infraestructura en deterioro y estudiantes sin acceso a becas son algunas de las consecuencias del ajuste que prioriza la austeridad fiscal por sobre la educación pública.
Ante esta situación, docentes y estudiantes encabezaron una serie de paros y movilizaciones durante 2024, exigiendo un incremento presupuestario y mejores salarios. Como respuesta, el Congreso sancionó en septiembre la Ley de Financiamiento Universitario, un proyecto que contemplaba más fondos para las universidades, mejoras salariales y refuerzos en becas e investigación. Sin embargo, Javier Milei vetó la ley apenas fue aprobada, argumentando restricciones fiscales y la necesidad de sostener su política de déficit cero.
En octubre de 2024, la Cámara de Diputados intentó revertir el veto, pero no alcanzó los dos tercios necesarios para anular la decisión presidencial. Con 159 votos a favor, 85 en contra y 5 abstenciones, el intento de mantener el financiamiento universitario fracasó, consolidando el ajuste en el sector.
Mientras Milei insiste en que "no hay plata", la crisis universitaria se profundiza. Los docentes siguen perdiendo poder adquisitivo, la infraestructura se deteriora y miles de estudiantes enfrentan un panorama incierto. El presupuesto 2025 ya está definido y no hay señales de una recomposición salarial, lo que anticipa un año de mayor conflicto en las universidades nacionales.
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