La década de 1970 en Argentina fue un periodo de intensa agitación política, económica y social. Luego de un largo período de gobiernos peronistas, el país se encontraba en un estado de polarización extrema. El gobierno de Juan Domingo Perón había terminado en 1974 con su tercera presidencia y había sido sucedido por su viuda, Isabel Perón. Durante su gobierno, el país experimentó un aumento de la violencia política. Grupos guerrilleros, como los Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), llevaron a cabo asaltos, secuestros y ataques, mientras que la respuesta del gobierno fue igualmente violenta.
A medida que las demostraciones de oposición se intensificaban, la economía se deterioraba, y la inflación y el desempleo aumentaron, exacerbando las tensiones sociales. En este contexto caótico, sectores del ejército comenzaron a planificar un golpe de estado, justificado por la necesidad de restaurar el orden y la seguridad.
El Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976
En la madrugada del 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas y de Seguridad llevaron a cabo un golpe de estado que derrocó al gobierno de Isabel Perón. El proceso se inició con un despliegue militar en Buenos Aires y otras ciudades importantes del país. Los militares tomaron el control de los puntos estratégicos y detuvieron a miembros del gabinete, políticos, sindicalistas y activistas. En cuestión de horas, se completó el derrocamiento del gobierno constitucional.
La Junta Militar, formada por los jefes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, asumió el poder y asumió el control absoluto del país bajo el lema de "orden y seguridad". La nueva administración militar justificó sus acciones alegando la necesidad de combatir a la subversión y el terrorismo. Este golpe marcó el inicio de un periodo de represión sistemática y violaciones masivas a los derechos humanos que afectaron a toda la sociedad argentina.
La Dictadura Militar y Violaciones a los Derechos Humanos
El periodo que siguió al golpe de estado es conocido como el "Proceso de Reorganización Nacional". La dictadura militar implementó una política de terrorismo de estado, que incluyó la detención, tortura y desaparición forzada de miles de personas. Se estima que alrededor de 30,000 argentinos fueron víctimas de desapariciones forzadas, y muchas familias nunca regresaron a ver a sus seres queridos.
Las oficinas de diversos organismos públicos se convirtieron en centros clandestinos de detención, donde se llevaron a cabo torturas sistemáticas. La represión también se extendió al ámbito cultural, con la censura de medios de comunicación y la prohibición de publicaciones que pudieran ser consideradas subversivas. Los militares impusieron un control casi total sobre la información, lo que dificultó la denuncia de las atrocidades cometidas: el miedo era palpable.
Además, el Estado implementó una política de "exterminio" que buscaba eliminar cualquier forma de oposición. Grupos de derechos humanos, como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, comenzaron a organizarse para exigir justicia y acompañar la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos. Sus marchas en la Plaza de Mayo se convirtieron en símbolos de resistencia y lucha por los derechos humanos.
El Fin de la Dictadura y la Transición a la Democracia
La dictadura militar comenzó a desmoronarse a fines de los años 70 y principios de los 80, en gran parte debido a la crisis económica, la presión internacional por los derechos humanos y la incapacidad del régimen para mantener el control. La guerra de las Malvinas en 1982, en la que Argentina intentó recuperar las islas ocupadas por Gran Bretaña, resultó en una derrota humillante que socavó aún más la legitimidad del régimen militar.
Finalmente, en 1983, tras varios años de presión interna y externa, se convocaron elecciones democráticas. Raúl Alfonsín, del partido radical, fue electo presidente, marcando el regreso a la democracia en Argentina tras siete largos años de dictadura.
La Búsqueda de Justicia y la Memoria Colectiva
La transición a la democracia trajo consigo el desafío de afrontar el legado de la dictadura. En 1984, se inició el Juicio a las Juntas, donde se procesó a varios exfuncionarios militares, lo que sentó un precedente para la justicia en el país. A pesar de las leyes de amnistía que se promulgó después, en los años siguientes se intensificaron los esfuerzos por llevar a juicio a los responsables de violaciones a los derechos humanos.
Cada 24 de marzo, se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Argentina, un día para recordar a las víctimas y reafirmar el compromiso con la defensa de los derechos humanos. Se llevan a cabo marchas, actos y actividades en todo el país, donde se recuerda a los desaparecidos y se exige justicia por sus casos.
La memoria de aquellos años oscuros es fundamental en el presente, no solo para honrar a las víctimas, sino también para garantizar que la historia no se repita. La sociedad argentina continúa enfrentando desafíos en lo que respecta a la verdad, la justicia y la reparación, manteniendo viva la llama de la memoria colectiva frente al olvido y fortaleciendo su compromiso con los derechos humanos.
Conclusión
El 24 de marzo de 1976 es un hito crucial en la historia argentina, simbolizando la lucha por la democracia y los derechos humanos. La experiencia de la dictadura dejó profundas cicatrices en la sociedad, pero también sembró las semillas de la resistencia y la lucha por la verdad y la justicia. La historia de esa época dolorosa sirve como lección y recordatorio de la importancia de proteger y defender la democracia, la libertad y los derechos fundamentales de todos los individuos.
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