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El clan Passaglia en el ojo del huracán

La ciudad bonaerense de San Nicolás se encuentra inmersa en una crisis sin precedentes en la atención médica de pacientes de la salud pública, y el foco de atención recae en la gestión del clan Passaglia (Cambiemos y ahora apoyadores de Milei) que está más enfocado en desestabilizar lo público para beneficiar lo privado que en resolver los problemas que afectan a la comunidad.

El deseo evidente de transferir lo público a lo privado es uno de los anhelos del diputado e intendente Santiago Passaglia, quien, a pesar de solicitar licencias tanto en el municipio como en Diputados, aún no ha decidido sobre su futuro, lo que constituye una clara estafa a los ciudadanos nicoleños y bonaerenses de la segunda sección electoral.

Aún sin quedar claro si efectivamente va a asumir el cargo de intendente, él y su familia operan para desarrollar sus negociados.

Durante el pasado mes de enero, Passaglia tomó una decisión que ha impactado directamente en la salud y el bienestar de cientos de trabajadores y sus familias. Se negaron a pagar los aportes de la obra social a 125 trabajadores de los 300 que habían optado por permanecer en Ioma. Esta acción ha dejado a estas familias sin cobertura médica, generando un perjuicio económico y de salud considerable.

A pesar de las demandas de la organización, que ha solicitado una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la provincia, aún no se ha procedido al reintegro de los pagos ni al depósito de quienes no pudieron realizarlos para regularizar la situación.

Además, alrededor de 250 trabajadores se encuentran atrapados en la prepaga Avalian, una empresa que no cumple con las expectativas promocionadas y cuyos empleados desean regresar a la obra social del Estado provincial.

Por otro lado, la lucha constante del Sindicato Único de Trabajadores Municipales, adherido a la Fesimubo, ha llevado a que el intendente traslade al secretario general Rodolfo Cecchi a una delegación a 35 km de su lugar habitual de trabajo, sin pagarle sistemáticamente el presentismo, la asignación por hijo y la movilidad entre otras bonificaciones. El Tribunal de Trabajo ha demorado más de lo necesario en garantizar derechos que en cualquier otra parte del país se habrían otorgado rápidamente.

Uno de los mayores problemas que enfrenta la comunidad es el cierre de todos los dispensarios de la ciudad, centralizados en el Hospital de Zona Oeste, una clínica del Grupo Oroño que no brinda atención a los trabajadores por Ioma ni a ningún otro, ya que tiene sede en la provincia de Santa Fe. Además, los recientes despidos injustificados de la Dra. Daniela González, médica clínica del Hospital Zona Norte con siete años de antigüedad, y el traslado de la enfermera Vilma González han generado un clima de incertidumbre y desconfianza en el sistema de salud local.

La gestión deficiente del clan Passaglia en el manejo del servicio de ambulancias ha dejado a la ciudad con solo una ambulancia operativa las 24 horas del día. Sin el pago al Centro Médico, el servicio de emergencia dejaría de funcionar y las ambulancias en las delegaciones no cuentan con los elementos básicos para operar.

A esto se suma una ola de despidos en el transporte público de pasajeros, la falta de horario nocturno desde la llegada de los Passaglia y el cambio de frecuencias en los horarios diurnos de los colectivos, motivo de quejas permanentes. Se espera una sesión extraordinaria en el Honorable Concejo Deliberante para un nuevo incremento del boleto de colectivo, lo que afectaría especialmente a los estudiantes locales y al personal docente y auxiliar.

El pago del cien por ciento de los haberes del personal municipal para el mes de febrero fue resultado de una dura lucha del sindicato, que estuvo notablemente presente en la marcha del 24 de enero, mientras espera el apoyo de una CGT local que ha estado ausente en todos los reclamos efectuados a nivel local.

Se plantea avanzar en el desarrollo de asambleas populares en los barrios y otra que centralice a todo San Nicolás para tomar la lucha por las necesidades de la población junto con la anulación definitiva del DNU, la ley ómnibus, el protocolo represivo y el plan de hiperinflación, despidos y recesión.

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