Las pruebas volcadas en la audiencia por el fiscal José Luis Caterina acorralan a los efectivos envueltos en un escándalo que motivó que el gobierno de Pullaro decidiera la intervención de la mayor unidad regional santafesina, desplazara a su jefe y pasara a disponibilidad una veintena de policías, la mayoría de cargos jerárquicos. El fiscal estableció que muchos vehículos estaban detenidos en puntos distintos, según el GPS de esas mismas patrullas, cuando sus responsables decían estar cargando nafta en la estación de servicio Puma Energy de Ovidio Lagos al 3900. Ese es el comercio que permitió la malversación y cuatro de sus responsables también están imputados en la audiencia.
La maniobra consiste en varios pasos. Caterina dijo que se detectaron móviles que estaban fuera de servicio e igual se les realizaban cargas de combustible. De allí se acreditó que las tarjetas de débito Visa Flota que debieron estar en cada móvil para facturar al momento de la carga, en realidad se encontraban concentradas de a cientos en pocas manos. Con ellas se sobrefacturaban con ganancias indebidas para la estación Gas Auto Tiferno SA, su denominación comercial. Eso se hacía con la connivencia de la jerarquía policial, terminaba en una entrega de dinero en efectivo desde la propia estación de Servicio a jefes policiales de jerarquía, que retiraban los sobres directamente desde la oficina de la estación.
La imputación fue entonces, dijo el fiscal, por haber sustraído caudales del estado santafesino para el pago de combustibles con una doble modalidad defraudatoria: la sobrefacturación de cargas reales y la facturación de cargas nunca realizadas.
Los funcionarios policiales encargados del combustible desviaban los recursos y mentían en las rendiciones de cuenta, firmando y elevando planillas o tickets con información falsa acorde a lo facturado apócrifamente y no a lo efectivamente cargado en los móviles. A su vez, los responsables y auxiliares de la estación de servicio eran engranaje clave del desvío de recursos en complicidad con diferentes funcionarios policiales.
Los acusados
Sin que estuvieran presentes en la audiencia, que siguieron por zoom, el fiscal imputó a los comisarios Gerardo Ramírez (Jefe GARAGE de Rosario), Gustavo Bazán (también por Garage), Sergio López (encargado del combustible del Comando Radioeléctrico), Juan Villordo (encargado del combustible de Patrulla Motorizada), Fabián Fantín y Mario Brest (ambos por Caballería y Perros como jefe y subjefe), Juan Pablo Pigozzi (jefe de la Brigada de Orden Urbano), Jorge Delgado (por División Logística), Javier Arce (por Cuerpo Guardia Infantería), Fernando Ceballos (por el Grupo Táctico Multipropósito) y Franco Cuesta (como Jefe de Logística de la Policía de Investigaciones) haber desviado caudales en su provecho, reteniendo numerosas tarjetas Visa Flota y utilizándolas para facturar dolosamente gastos inexistentes o inexactos.
Gran parte de ese dinero iba destinado a los móviles del Comando Radioeléctrico. El subinspector Sergio López, conocido como "Pata Corta", facturaba junto a la Inspectora Nancy Plomer, que se desempeñaba en un área ajena a la cuestión del combustible, concretamente como Jefa de Sección Ficheros de División Personal.
Nancy Plomer, indicó el fiscal Caterina, prestó una colaboración indispensable para que esta maniobra pudiera concretarse en el Comando Radioeléctrico. Según dijo el fiscal, conocía al detalle la operatoria y facturaba con un Posnet que sería de la empresa desde su propio domicilio. Justamente una significativa cantidad de documentación relativa a carga de combustible fue secuestrada en su casa.
Otra suma importante de dinero fue gestionada por el comisario Juan Villordo de Motorizada: este oficial fue sorprendido al momento del allanamiento en su domicilio en una situación poco cómoda: estaba facturando con más de 300 Visa Flota sobre una mesa y un Posnet de la empresa Tiferno, con 13 rollos de facturación de repuesto. Los efectivos que allanaron hallaron alguna documentación relativa al combustible tirada en la parrilla, como para prenderla fuego según el fiscal.
Desde la División Logística el equipo fiscal encontró al empleado Delgado, a quien muchas veces se lo advirtió retirando sobres en la estación de servicio. Delgado fue quien firmó los tickets de varias operaciones apócrifas de carga de combustible en móviles policiales cuyo uso aparece como nulo.
En esta operatoria, dijo Caterina en la audiencia, surgió como relevante el accionar del comisario supervisor Gerardo Fabián Ramírez, titular del garage oficial de la Jefatura. El recibió las partidas que asigna mensualmente la provincia, que por ejemplo en marzo de 2025 ascendió a más de 379 millones de pesos. Según una escucha telefónica Gustavo Bazán, que trabajaba en su área, retiró en una ocasión para Ramírez la suma de 240 mil pesos de la estación de servicio.
A la mayoría de los efectivos policiales imputados se les adjudicó haber recibido dinero en carácter de dádiva desde la estación de servicios. Fueron fotografiados en el lugar, retirando sobres, o cajas o envoltorios pequeños. La pesquisa cuenta con intervenciones telefónicas que revelan como Mónica Bianconi y Daniel Reynoso, de la gasolinera, habían preparado previamente el dinero para las distintas fuerzas o personas.
Abogado y policía, lugar estratégico
Un imputado especial por su peso en la Jefatura de Rosario fue el comisario supervisor Rodrigo Domínguez,, que era jefe de la Secretaría Privada del jefe de policía desplazado, Daniel Acosta. A Domínguez se le adjudicó haber prestado al comisario supervisor Gerardo Ramírez como a todos los demás efectivos policiales que sacaban provecho del arreglo "una cooperación sin la cual no habrían podido sostener el pacto entre ambas partes, dado que, aprovechando que por resolución interna se había hecho depender a ‘Garage oficial' de la Jefatura de la Unidad Regional y no ya de División Logística, como estaba antes".
Según el fiscal Caterina, Domínguez, que es abogado, aprovechó la situación para ejercer un control para asegurar la continuidad del peculado, "donde lejos de corregir las irregularidades que podía observar, exigió pagos con frecuencia quincenal".
Los civiles imputados son Mónica Bianconi, Oscar Coullery y Daniel Reynoso como responsables de la estación de servicio. Les imputaron haber armado un acuerdo secreto e ilegal con funcionarios policíales jerárquicos de Rosario para malversar caudales públicos y así obtener rédito económico con sobrefacturación o por facturar cargas inexistentes.
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