Con nueve meses de demora, la planta de producción de fertilizantes y herbicidas de la empresa Atanor en San Nicolás será peritada por el CONICET, organismo que determinará qué modificaciones son necesarias para que ésta retome sus operaciones, en caso de considerarlo viable.
La misma medida había sido originalmente adoptada en un fallo judicial de noviembre de 2023 por la misma jueza, Luciana Díaz Bancalari, que la empresa desconoció, con las consecuencias que son de dominio público, hasta que fue ratificada en audiencia judicial la semana pasada. Del contenido de ese informe dependerá que la planta vuelva o no a la actividad y en que condiciones.
Allí estuvieron representados la empresa, el sindicato de trabajadores químicos, cuya regional local conduce Ricardo García, el ministerio provincial de Ambiente y las organizaciones ambientales locales, como el Foro Medioambiental de San Nicolás (FOMEA) y la Comisión Nicoleña por el Ambiente (CONA).
Las partes se comprometieron a acelerar estudios y gestiones con el objetivo de que la planta, que se encuentra cerrada y con los empleados suspendidos, percibiendo un porcentaje de su salario, desde la explosión de un tanque de atrazina en marzo pasado, pueda reabrir a la brevedad.
El fallo de noviembre, que de cumplirse muy probablemente hubiera evitado la explosión, se fue demorando porque la empresa no le entregó al CONICET la documentación necesaria para iniciar los trabajos.
Ya en 2018, año en que la planta comenzó sus operaciones con una autorización municipal, en una de las primeras inspecciones, el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS), hoy ministerio de Ambiente, dictaminó la necesidad de “solicitar un análisis de riesgo ambiental firmado por un profesional matriculado y con incumbencias en el tema, ya que la planta manipula sustancias peligrosas, tiene una antigüedad considerable y está radicada próxima a un barrio residencial”.
La planta de Atanor en la zona sur del casco urbano de San Nicolás tiene varias líneas de producción, pero la más contaminante y, en consecuencia, más conflictiva tanto para los vecinos de los barrios linderos como para las organizaciones ambientalistas, es la planta de atrazina.
En mayo de 2023, un informe elaborado por la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires, confirmó la existencia de restos de atrazina a 60 metros de profundidad, en el acuífero Puelche. Los ambientalistas sostienen que la empresa deliberadamente omitió entregar este informe al CONICET, cosa que hizo la propia jueza.
Por estos motivos, una de las opciones que se evaluaba en el juzgado, era realizar una habilitación parcial de la planta, que excluyera la producción de atrazina. La atrazina es un polvo blanco, inodoro, altamente contaminante y nocivo para la salud, que se utiliza en la producción de herbicidas, que luego se emplean en control de plagas de distintos cultivos.
En la madrugada del 20 de marzo pasado, los vecinos de la zona escucharon una fuerte explosión y, en los minutos siguientes, una nube de polvo blanco se extendió en un radio de más de medio kilómetro. Ese día las escuelas de la zona debieron suspender el dictado de clases y Defensa Civil alertó a los vecinos para que sellaran las aberturas y no salieran de sus hogares.
Según la empresa, "el hecho fue producto del incremento de presión en el proceso de síntesis química de atrazina que generó la ruptura de la tapa del reactor afectado al proceso. Esto dio origen a un incendio en el sector de aminación de la planta que requirió la intervención de los bomberos de San Nicolás y Ramallo, quienes prontamente pudieron controlar el foco”, se indicó a través de un comunicado.
En 1997, Atanor fue adquirida por la multinacional estadounidense Albaugh, una de las mayores productoras de agroinsumos del mundo. En 2018, Atanor cerró su planta de Munro. en el norte de conurbano, para concentrar sus operaciones en San Nicolás.
La relocalización de la planta, que piden los vecinos y ambientalistas, implicaría una enorme inversión y un gran contratiempo para los intereses de la empresa. Distintas fuentes sostienen que ese proceso podría demorar entre dos y cuatro años.
El abogado de la empresa es Juan Carlos Marchetti, que a su vez defiende a la familia Passaglia en la causa por enriquecimiento ilícito que tramita en la justicia federal de Rosario y, a su vez, es proveedor de servicios jurídicos a la municipalidad de San Nicolás.
Marchetti, que ademas fue juez de menores en ese distrito, nombrado por la dictadura, entre 1976 y 1979, está imputado por supresión de identidad y sustracción de un menor. Se trata de Manuel Goncalvez Granada, que recuperó su identidad en 1997.
Era el único sobreviviente de un operativo ocurrido en noviembre de 1976 y fue entregado a sus captores por Marchetti, según sostuvo en su acusación el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier Augusto De Luca.
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