El Gobierno nacional volvió a cargar contra el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), un organismo clave para el desarrollo productivo y científico del país, y esta vez lo hizo por partida doble. Por un lado, avanza el plan para vaciar su estructura y, por otro, lo corrió oficialmente del rol de control sobre las pilas y baterías que ingresan al país, uno de los pocos mercados donde aún conservaba capacidad de regulación.
Este jueves casi 3000 referentes del mundo industrial, académico, tecnológico y científico firmaron un documento dirigido al secretario de Industria y Comercio, Esteban Marzorati, en el que expresaron su “profunda preocupación” ante la posibilidad de que el instituto pierda su funcionamiento autónomo, su estructura federal y sus capacidades técnicas. Las cartas, que todavía siguen sumando adhesiones, remarcan que el INTI es “una institución de prestigio nacional e internacional, con capacidad única para asistir de forma integral y federal a las industrias de todas las ramas de la producción”.
La advertencia se produce en medio de asambleas internas del personal, donde crecen los rumores de que en los próximos días se desarmaría la estructura actual, dejando solo un esqueleto central bajo la órbita de una secretaría del Ministerio de Economía. Eso implicaría la pérdida del presupuesto propio y el traspaso de los centros regionales a las provincias, que deberán decidir si los sostienen o los cierran. Mientras tanto, entre los trabajadores el nivel de tensión aumenta.
En paralelo, el presidente Javier Milei firmó el Decreto 431/2025, con el que oficializó la desregulación total del mercado de pilas y baterías primarias, y le sacó al INTI el rol de autoridad de control que conservaba desde la sanción de la Ley 26.184. Ahora, las empresas podrán importar productos con certificaciones emitidas por organismos extranjeros sin necesidad de validación nacional. Y la vigilancia técnica será repartida entre la Secretaría de Industria y Comercio y la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes.
Federico Sturzenegger, flamante ministro de Desregulación y ferviente promotor del recorte estatal, celebró la decisión con un extenso posteo en X: “¡CHAU INTI OBLIGATORIO!”, escribió, y explicó que su colaborador Sebastián Einstoss fue quien impulsó la modificación. “La ley imponía importantes e insólitos costos al consumidor. Si importabas un reloj, un juguete o un control remoto con pilas, al INTI. Todo eran trámites, costos y más costos”, escribió. Y agregó: “La suma de costitos es lo que nos empobreció de a poco, como quien no se da cuenta”.
El texto oficial argumenta que los controles técnicos del INTI duplicaban trámites, encarecían importaciones y generaban demoras innecesarias. Pero especialistas en la materia advierten sobre los riesgos sanitarios y ambientales.
En la misma línea, el documento de la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología advierte que una INTI sin autonomía perderá la capacidad de “proteger su propiedad intelectual, generar convenios de transferencia tecnológica, acreditar servicios de certificación como tercera parte independiente y ejecutar recursos de financiamiento internacional”. Las entidades firmantes incluyen a ENAC, APYMEL, CADIEEL, CAIP, CIL, FEM, FISFE, la Unión Industrial de Salta, Formosa, Tucumán, y muchas más.
El escenario se vuelve cada vez más complejo, a solo 12 días de que caduquen las facultades delegadas otorgadas al Presidente. En ese contexto, el Ejecutivo parece decidido a acelerar la reestructuración de organismos técnicos clave como el INTI, aún con la resistencia del sector productivo y científico, y sin un plan claro para sostener sus funciones estratégicas.
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