En Pergamino, el cobro de plus médico se volvió una práctica tan extendida como silenciada. Profesionales de distintas especialidades -algunos con vínculos directos con la política local o incluso con antecedentes como funcionarios públicos- imponen montos adicionales a los pacientes afiliados al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), en abierta violación a las normas vigentes.
El abuso no se limita a los honorarios: en numerosos casos, los pacientes denuncian que deben pagar sumas mensuales para la simple confección de recetas o la renovación de tratamientos crónicos.
Una forma de “suscripción médica” que desvirtúa el sistema de salud y profundiza la desigualdad, porque los que no pueden pagar quedan fuera de la atención.
La pasividad institucional resulta escandalosa. Ni las delegaciones locales de las obras sociales ni las autoridades políticas se atreven a intervenir. Tal vez porque muchos de los que hoy lucran con el plus fueron parte del mismo Estado que debería controlarlos. Un circuito cerrado de poder y silencio.
Mientras tanto, los jubilados, los trabajadores estatales y los sectores más vulnerables siguen siendo quienes cargan con las consecuencias.
No se trata solo de un problema ético o económico: es un golpe directo al derecho a la salud. Y en nuestra ciudad, ese golpe se repite todos los días, con la complicidad de quienes deberían impedirlo.
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