El Gobierno y Cicop vuelven a reunirse en procura de alcanzar un acuerdo que permita a los profesionales de la salud local cobrar los retroactivos que el Municipio les debe y que asciende, según calcularon en el sindicato, a alrededor de 2 millones de pesos por cada uno de los que forma parte del plantel del sistema sanitario público de San Pedro.
En ese marco, la Secretaría de Economía que conduce Roberto Borgo puso sobre la mesa de la discusión la gestión financiera del sistema de Salud, que depende en gran medida de la coparticipación provincial y de recursos propios por captación de obras sociales.
Provincia envía más o menos en tiempo y forma la coparticipación y el intendente Cecilio Salazar dijo desde el día uno de su gestión que Salud era "prioridad": los números que Borgo les compartió a Cicop demuestran, al menos así escritos, que los recursos que llegan por salud van a salud.
Al 31 de julio, la coparticipación provincial que San Pedro recibió en concepto de Salud fue de poco más de 3157 millones de pesos y representa el 37 por ciento del total, de más de 8500 millones de pesos.
A la misma fecha, los ingresos asistenciales, es decir la facturación a obras sociales y prepagas por asistencia médica en hospitales y centros de salud fue de poco más de 580 millones de pesos.
El presupuesto total que insumió en los primeros siete meses del año el área de Salud fue de casi 5295 millones. La diferencia es de más de 1556 millones de pesos que el Estado local tuvo que resignar de otros servicios para mantener el de salud.
De esos recursos, el 71,5 por ciento se va en sueldos del personal y el 21 por ciento en insumos. El resto, servicios no personales (7,5 %), bienes de uso (0,16 &) y transferencias (0,02 %).
La cuenta no implica que los profesionales no tengan derecho a reclamar que se les pague lo que les corresponde, que se les contemple los incrementos que otorgó Provincia ni que el Municipio no esté obligado a generar las condiciones para hacer frente a una deuda que, además, le va a impedir en el corto plazo llevar adelante medidas políticas si las quiere implementar sin consenso con los médicos.
La cuenta no implica que los profesionales no tengan derecho a reclamar que se les pague lo que les corresponde, que se les contemple los incrementos que otorgó Provincia ni que el Municipio no esté obligado a generar las condiciones para hacer frente a una deuda que, además, le va a impedir en el corto plazo llevar adelante medidas políticas si las quiere implementar sin consenso con los médicos.
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