En la sede de los Tribunales de Rosario el venadense Alexis Guarda (37 años) fue imputado en la causa por las estafas llevadas adelante en las agencias de autos ubicadas en Independencia al 3200, Pellegrini al 3100 y al 4800 de Rosario. El fiscal Fernando Dalmau fue quien realizó la acusación remarcando que Guarda es el líder de la presunta asociación ilícita que acumula más de 50 denuncias.
Cabe recordar que el jueves 12 de septiembre pasado, al vecino oriundo de Venado Tuerto le dictaron la prisión preventiva en el marco de una investigación en la que se lo señala como jefe de una asociación ilícita que cometió más de 60 estafas también relacionadas con la comercialización de vehículos en la ciudad de Santa Fe. Previamente, se había entregado en la sede de la Policía de Investigaciones de Santa Fe, tras haber estado prófugo desde noviembre de 2022.
La imputación en Rosario
En este caso también se encuentran imputados, además de Guarda, otros dos venadenses: Nelson “Coqui” Ugolini, de 37 años, quien ya había estado involucrado en otra causa resonante, y Camila Giselle Mendoza. Los otros acusado son: Andrés Javier Alarcón, Roberto Pereyra, Walter Ríos, Maximiliano Hernán Alarcón, Leandro Jaquet, Camila Antonela Davila, Diego Alberto Gordillo y Fernando Ortellado Rodríguez.
Guarda, que como tenía un pedido de captura desde la ciudad de Santa Fe, se hacía llamar “Rodrigo Dipp” o “Rodrigo Dipropio”, fue señalado por el fiscal como el jefe de la organización que en Rosario dejó al menos 58 damnificados, en un fraude que promete más capítulos. El juez Alejandro Negroni le dio prisión preventiva efectiva hasta la realización de la audiencia preliminar y además dictó la inhibición de sus bienes.
De las personas acusadas, algunas pertenecen a la agencia de autos de Pellegrini y Francia, donde el caso cobró notoriedad mediática luego de una manifestación de damnificados en la puerta del local. Otros son de la agencia de Pasaje Independencia al 3200 y otros de Pellegrini al 4800 que, según clientes que hicieron la denuncia, estaban “conectadas entre sí” a la hora de llevar adelante algunas operaciones de compraventa.
De acuerdo a la causa, Guarda y los coimputados “montaron locales como agencias de autos” y constituyeron dos cooperativas. “También contaban con oficinas en el micro y macrocentro de Rosario, como eran las de calle Corrientes al 600, Paraguay al 1700, Rodríguez al 1100, donde las víctimas eran mandadas a realizar distintos tipos de maniobras –suscripción de documentos– que concluyeron con desapoderamiento de sus vehículos y de una suma importante de dinero, o de ambos”, afirmó el funcionario del MPA, que agregó: “También contaban con gestores para los trámites administrativos en los registros de propiedad automotor y para realizar la transferencia del rodado”.
El fiscal señaló que algunos de los imputados se comunicaban por redes sociales con personas que habían puesto su vehículo a la venta con la finalidad de mostrarles interés. Luego les pedían que se acercaran a algunos de los locales “montados” y los inducían a suscribir contratos de consignación. “Solicitaban la entrega del rodado con su documentación y fotocopia del DNI, suscripción del formulario 08, y en ocasiones les entregaban a la víctima sumas de dinero a cuenta de una futura venta pactada en pesos”, contó al tiempo que añadió: “En ocasiones, retiraban el rodado y al utilizarlo infringían normas de tránsito, conducían en estado de ebriedad, lo que hacía que les remitieran el vehículo al corralón, generando una importante deuda de dinero por la multa en cabeza de la víctima”.
“En otros casos, los clientes compraban en la agencia un rodado usado, suscribiendo un contrato de compraventa automotor, en el que se establecía el rodado y la forma de pago, en la que entregaban una suma de dinero a cuenta en efectivo por la adquisición del rodado y el plan de pago, desapoderándolos de la suma de dinero entregada o transferida, muchas veces a cuentas de terceras personas, siendo que posteriormente no cumplían con lo pactado y con la entrega del rodado, generándole a la víctima importantes perjuicios económicos”, indicó.
El fiscal subrayó que en otros casos, los clientes daban sus vehículos y suscribían un contrato de compraventa de automotor en el que se detallaba la forma de pago, el rodado que entregaba, una suma de dinero en un crédito prendario, y un monto restante que se entregaba por transferencia bancaria, pero después no recibían ni el auto ni la plata.
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