La jueza civil y comercial de Venado Tuerto, María Celeste Rosso, condenó a una entidad bancaria a partir de la demanda iniciada por una vecina de Chovet, cuyas iniciales son N.A.F, quien fue víctima de una estafa en 2020 con la toma de un crédito y luego permaneció incorporada en el veraz calificada como “morosa irrecuperable”. La Justicia ordenó al Nuevo Banco de Santa Fe modificar la registración de la mujer a categoría 1 (Normal) y a una reparación económica por daños y perjuicios ante el obrar negligente de la entidad.
Los hechos se remontan al 18 de agosto de 2020, cuando el banco otorgó un crédito a N.A.F. sin su consentimiento, dado que fue víctima de una estafa, realizando una transferencia sin su consentimiento.
A raíz de ello, asesorada por el abogado José María Conzoli de Usuarios y Consumidores Unidos (UCU), inició una demanda al banco, logrando sentencia condenatoria de fondo, ordenando la reparación de daños y perjuicios (sentencia firme).
Sin embargo, la entidad -pese a la resolución judicial- siguió registrando como deudora a la mujer ante el Banco Central, como así también en el veraz y en distintas plataformas de análisis crediticio.
Además “hostigó en forma permanente a la actora para que cumplimente con una obligación inexistente. Tan grave fue la conducta, como el destrato recibido por parte de la víctima, que debitaron un día viernes la totalidad de sus haberes jubilatorios por el crédito inexistente, debiendo el banco reintegrar los montos a su instancia”, relató Conzoli.
Ante esta situación, la mujer se vio impedida de acceder a cualquier línea de crédito, por eso intimó a la sucursal de Chovet del Banco Santa Fe, pasando varios meses sin recibir respuesta alguna. “Al verse perjudicada al no poder acceder a aumento de límite de compra con su tarjeta de crédito ni acceder a ningún producto ni servicios en cuotas, iniciamos un Habeas Data en el juzgado”, amplió el profesional.
En esta nueva presentación, la jueza Rosso falló a favor de la víctima, ordenando una reparación por daño moral de 3 millones de pesos y una compensación equivalente a tres canastas básicas del Indec por daño punitivo, más intereses y costas. Además ordenó al banco a cumplimentar el pago en un plazo de diez días.
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