La protesta pacífica de familias, profesionales de la salud y personas con discapacidad frente al Congreso Nacional terminó este martes en tensión y represión. En horas del mediodía, un fuerte operativo de la Policía Federal y la Gendarmería Nacional avanzó a los empujones para despejar la manifestación, que se había convocado en rechazo al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La represión generó escenas de angustia. "¿Sabés qué me da más miedo? Que mi hijo se quede sin su escuela especial y sus terapias a que me pegue un policía. Que me vengan a pegar no me importa, yo voy a defender los derechos de mi hijo, todos importamos, no solamente la gente que tiene plata", expresó, conmovida, una de las manifestantes frente a cámaras de televisión, mientras los efectivos avanzaban con escudos.
La movilización había sido convocada por el Foro Permanente por la Promoción y la Defensa de las Personas con Discapacidad, que desde temprano reunió a miles de personas en la Plaza del Congreso y la avenida Entre Ríos, con pancartas que decían: “El Estado nos dio la espalda”, “Vetaron derechos, no fondos” y “Vetar la ley es abandonar a las personas con discapacidad”. En el centro de la protesta instalaron una silla de ruedas inflable gigante como símbolo del reclamo.
“La emergencia en discapacidad abarca múltiples realidades”, leyó en voz alta uno de los representantes del Foro, que detalló: “Personas que trabajan en talleres protegidos, que hoy sobreviven con apenas $28.000 mensuales. Personas que aún esperan una pensión. Prestaciones que están en riesgo. Presidente Milei, ¿cómo se sobrevive sin trabajo ni ingresos?”.
El comunicado también apuntó al costo humano del veto: “Un veto total no es austeridad: es abandono. Es elegir excluir”.
Pasado el mediodía, la situación se volvió tensa cuando la Gendarmería intentó desalojar la avenida. Padres, madres y profesionales se enfrentaron con gritos y empujones a los efectivos. Finalmente, tras varios minutos de caos, se ordenó detener el desalojo, aunque las fuerzas quedaron apostadas para impedir el regreso de los manifestantes a la calle.
Entre quienes alzaron la voz estuvo la actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con autismo: “Estamos acá para pedirles a los diputados y senadores que voten igual que antes. Si votan igual, la ley no se puede vetar. Vetar la ley es abandono y crueldad”, expresó. Bassi también denunció: “El sector está asfixiado. Mi hijo tiene 17 años y ya me pasó de quedarme sin transportista, que los profesionales se vayan, que las instituciones cierren. El plan es ahogar a la discapacidad”.
Román, de 39 años y con discapacidad motora, también participó con su familia. Su padre, Héctor Stavsky, advirtió que el centro de día al que asiste podría cerrar en cualquier momento. “El Gobierno nos abandonó a nuestra suerte”, sostuvo. Muchos profesionales están reduciendo sus horas de atención y servicios porque no cobran aumentos desde diciembre y ya no llegan a cubrir ni lo básico.
Desde la Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Inclusión Educativa (Casaie) también criticaron duramente al Ejecutivo. En un comunicado, remarcaron que el veto “significa negar la emergencia estructural que atraviesa el sector y profundizar la exclusión y el abandono estatal”. Y sumaron: “Esta ley se fundamenta en la necesidad urgente de proteger a las personas con discapacidad frente a recortes, demoras y desfinanciamiento de servicios esenciales”.
Elizabeth Foschi, referente de Casaie, también participó de la protesta: “Venimos a pedir que se dignifiquen los derechos de las personas con discapacidad y que tengamos aranceles acordes a la atención que se brinda, porque es la única forma de que los centros no cierren y los servicios no se corten”.
Desde el Gobierno nacional todavía no hubo respuesta oficial. Lo que sí trascendió es que consideran que la aplicación de la ley vetada tendría un costo fiscal superior a los 6 billones de pesos entre este año y el próximo, lo que el Ejecutivo califica como "inviable". Sin embargo, desde el sector reclaman que el ajuste no puede recaer sobre los más vulnerables.
La situación llegó a medios internacionales. El diario El País de España tituló: “El veto de Milei amenaza la atención a las personas con discapacidad”, y advirtió que la decisión “vulneraría el acceso a servicios esenciales e inclusión social para personas con discapacidad física, mental, intelectual y sensorial”.
Mientras tanto, las movilizaciones en defensa de los derechos del sector se replicaron en varias provincias del país, con una consigna clara: “No es austeridad, es abandono”. Las familias, profesionales y trabajadores exigen al Congreso que insista con la ley vetada y no dé la espalda a quienes más lo necesitan.
El proyecto de ley que vetó el presidente fue presentado por el diputado nacional de Unión por la Patria, Daniel Arroyo. El mismo propone declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027, con el objetivo de asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en áreas como salud, educación, trabajo y protección social.
“El Gobierno vetó la ley de Emergencia en Discapacidad. Es absurdo, una vergüenza. Vamos a insistir con los dos tercios en Diputados y en el Senado para que se ponga en marcha. Las personas con discapacidad y sus familias están desesperadas y realmente la necesitan”, cuestionó el diputado desde su cuenta de X.
En la Cámara baja, el proyecto se aprobó con 149 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones y se giró al Senado donde fue tratado el 10 de julio de 2025. Ese día, por unanimidad, la Cámara alta sancionó la iniciativa con 56 votos a favor y ninguno en contra.
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