La intimidación que sufrió el abogado ambientalista Fabián Maggi con su familia en el domicilio particular de San Nicolás fue repudiada por distintas organizaciones sociales que hicieron público su rechazo y responsabilizaron al intendente macrista Manuel Passaglia, y a su hermano (intendente electo), de orquestar un “apriete” disfrazado de manifestación con publicidad mediática y el apoyo de concejales oficialistas.
La tarde de este martes, una docena de trabajadores tercerizados del municipio bloqueó durante varias horas el ingreso de la vivienda particular del abogado con dos caballos y vandalizó el frente de su domicilio en momentos en que la familia se encontraba fuera del hogar. La tensión continuó el día siguiente, con una nueva intimidación frente a la casa familiar a las seis de la mañana de este miércoles.
Maggi, que en esos momentos se encontraba junto a su familia, salió a la vereda e intentó dialogar con los manifestantes pero dijo que recibió gritos, insultos y amenazas, situación que requirió intervención policial. Los uniformados identificaron a unas diez personas, entre ellas Claudio “Indio” Figueredo, quien se presentó como portavoz de la protesta y referente de la cooperativa de trabajo Unión Total, que brinda servicios tercerizados al municipio de San Nicolás.
En esa instancia esgrimieron que el “escrache” al domicilio particular del abogado ambientalista era porque lo consideraban responsable de una decisión de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires que ordenó clausurar un puente vehicular que cruza a la isla Ballestero a raíz de lo cual dejaron de ser “contratados” por el intendente para las tareas de mantenimiento.
Sin embargo, tanto el abogado intimidado Fabián Maggi como distintas organizaciones sociales y ambientales denunciaron que se trató de “un apriete orquestado por funcionarios municipales”, en respuesta a las denuncias y multas económicas que acumula el intendente Passaglia, investigado por delitos ambientales por obra pública ejecutada dentro del área protegida de la reserva natural Parque Rafael de Aguiar, sin permisos legales ni planeamiento.
Maggi es representante legal de la Asociación Civil Foro Medio Ambiental de San Nicolás (Fomea), la entidad que denunció ante la Justicia la deforestación masiva de bosques nativos y humedales, el desvío de cursos de agua, la construcción de terraplenes y puentes flotantes para llegar en auto a la isla.
En el marco de esa causa, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires dictó una medida cautelar que no fue acatada por el intendente Manuel Passaglia, que continuó realizando obras en áreas protegidas. Ante ello, y luego de reiteradas desobediencias a órdenes judiciales, en septiembre el máximo tribunal provincial aplicó una multa de 18 mil pesos diarios (hasta que acate la orden), además de cobrarle de forma retroactiva cada uno de los días de incumplimiento desde que entró en vigencia la medida judicial.
En una entrevista a radio Noba 102.9 Mhz, Maggi dijo este miércoles que varios de los trabajadores que se presentaron en su domicilio fueron “apretados por funcionarios municipales para amenazarme e intentar que no pueda continuar con mi trabajo”.
En ese sentido, el abogado responsabilizó al gobierno municipal “de orquestar la intimidación”, dijo tener pruebas de que “el presidente del bloque de concejales de Juntos Por el Cambio, Daniel Luquelli, fue quien brindó la dirección” de su domicilio particular a los trabajadores tercerizados y mencionó la complicidad de medios periodísticos que difundieron la noticia casi en simultáneo, a los que acusó de ser “partícipes del escrache” con la difusión masiva de videos y fotos del frente de su vivienda familiar.
En relación al reclamo de los manifestantes, que argumentaron haber elegido su domicilio para exigir “que abran el puente”, Maggi aclaró que no es una decisión que le corresponda a él sino a los jueces, y dio una respuesta similar en relación a las contrataciones que corren por cuenta del municipio.
“Quedó sobradamente probado que estas personas habían sido enviadas a reclamar frente a mi casa. Yo no soy la persona que les tiene que dar trabajo a ellos, y no soy la persona que decide la apertura o no del puente”, refirió.
En ese sentido recordó que la respuesta política de Passaglia frente al fallo judicial en su contra por cuestiones ambientales fue acusar públicamente al gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof y a los miembros de la Corte de prohibirles a los nicoleños disfrutar del río en verano con un “falso anuncio” porque le dijo a los ciudadanos que la Justicia había clausurado las playas.
“La Corte emitió una medida cautelar que de ningún modo prohíbe el uso de las playas, lo único que prohíbe es el uso del puente vehicular, que de todas formas continúa abierto a peatones y a ciclistas”, aclaró Maggi.
Este miércoles, el Colegio de Abogados que representa al departamento judicial San Nicolás emitió un comunicado en repudio a la intimidación que sufrió Maggi en “apoyo y solidaridad” ante la situación que vivió el profesional y su familia.
“Es inconcebible que el desarrollo de una labor profesional sea excusa para que un abogado se vea turbado en su esfera personal por quienes tienen un punto de vista distinto en las resultas o desarrollo de un proceso judicial”, esgrime el comunicado.
“Exhortamos a las fuerzas de seguridad a que resguarden la integridad de los derechos del Dr. Maggi y su familia y a los manifestantes a que lleven adelante todos los reclamos que crean correspondan en aras de su derecho a trabajar ante las instituciones correspondientes, a los fines de que el desarrollo profesional del colega no se vea afectado por estos comportamientos que en nada colabora a la búsqueda de la paz social, fin último del derecho como herramienta para la resolución de los conflictos”, brega otro fragmento del texto.
“Rechazamos rotundamente toda vía de hecho o acción que de alguna manera afecte el libre ejercicio profesional”, concluye la entidad de profesionales.
También se solidarizaron con Maggi y su familia las organizaciones El Paraná No Se Toca (EPNST) de Rosario y la Asociación de Abogados Ambientalistas y la ONG Unidos por la Vida de Ramallo que emitió un duro comunicado de denuncia que se transcribe a continuación.
El intendente de la vecina localidad de San Nicolás Manuel Passaglia ha enviado hoy, 31 de Octubre, empleados municipales a realizar una manifestación frente al domicilio particular del abogado Fabián Maggi. Frente a semejante acto de intimidación, agravado por el hecho de ser impulsado desde el Estado, como ocurría en el mundo en las oscuras épocas del fascismo, expresamos desde Unidos por la Vida y el Ambiente (UPVA) nuestra mayor solidaridad y respaldo.
La excusa para realizar el apriete se enmarca en una campaña (iniciada de forma mediática) para responsabilizar al doctor Maggi por la clausura del puente provisorio que Passaglia construyó tres veces (puesto que por su mal diseño se caía) sobre el arroyo Yaguarón, y que a criterio del juez que dictó su clausura, ponía en riesgo la vida de los transeúntes. Enfurecido por la medida, el intendente buscó responsabilizar a otros por su falta de planeamiento y la arbitrariedad con que maneja la obra pública y el diseño urbano de San Nicolás. Según el intendente, el juez habría clausurado el balneario por pedido del abogado (cosa que no es cierta ya que sólo clausuró el puente) y los manifestantes, serían los empleados afectados por la clausura (es decir, empleados municipales).
El uso de personal municipal para trabajos personales es un sello de su gestión, ya que en varias ocasiones, cuadrillas de municipales concurrieron a la quinta de la familia a realizar las más diversas labores. Los empleados reciben un sueldo público en remuneración por servicios que deberían ser para la comunidad nicoleña y no para el beneficio de su Intendente, quién con esta maniobra, se ahorra contratar personal particular, y también pagarles con el sueldo de su bolsillo.
Y si hablamos de arbitrariedad, debemos recordarle a la sociedad que otra medida judicial dictada con anterioridad le embargó el sueldo a Passaglia, por realizar diversas obras sin cumplir con el reglamento para el dictado de un Código de Ordenamiento Urbano y Territorial.
Haciendo oídos sordos a la justicia, realizó diversos trabajos en espacios de conservación natural, como el renombrado “Ecoparque”, donde rellenó una laguna natural (desplazando especies nativas como tortugas y coipos) para instalar un playón de cemento dedicado al estacionamiento, ejecutó desmontes de especies nativas (que reemplazó con árboles de metal) y realizó movimientos de suelo sin los correspondientes estudios de impacto ambiental. Si los hubiera hecho, habría evitado que el arroyo se llevara el mencionado puente (en diversas ocasiones), así como también la rambla que construyó en la costanera y que también se desboronó.
Passaglia no va a tener que esperar a que un juez clausure su balneario, ya que la crecida del río se está llevando las instalaciones que allí erigió, demostrando que la falta de planeamiento se paga por partida doble, en la justicia y en la realizad. El asunto se agrava cuando pensamos que estas obras que hace a capricho y de manera inconsulta, son pagadas con fondos municipales, es decir, con impuestos de los nicoleños, que deberían destinarse a problemas más importantes, como la inseguridad que asola la ciudad, la falta de salud en los barrios, la construcción de calles, cloacas, etc…
Pero quien gobierna pensando que la Municipalidad y lo todo lo que hay en ella le pertenecen, es capaz de actos de esa impunidad, y encuentran en la ley y en quienes la defienden un desafío y un agravio a su propia persona antes que una garantía que protege a los ciudadanos de la arbitrariedad de los más fuertes y que ordena la vida en sociedad.
Reiteramos nuestro profundo respaldo al Dr. Maggi y su familia.
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