El Gobierno sufrió un nuevo revés en la Justicia, esta vez, a favor de la reincorporación de trabajadores despedidos que fueron contratados amparados por la Ley de Cupos.
De esta manera, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo falló a favor de uno de los gremios estatales, ATE, y demandó la inmediata vuelta a su puesto de una de las personas cesanteadas que habían ingresado a la administración pública nacional a través de un convenio especial, como es el caso de los trabajadores trans.
“Estamos frente a un avance significativo de la lucha que los estatales llevamos adelante contra el ajuste que en el sector público impulsa el Gobierno Nacional”, señaló el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, a través de un comunicado.
La medida podría abrir la puerta como antecedente para otras decisiones similares en los amparos presentados.
Aguiar celebró que la Justicia pidió la reincorporación de trabajadores trans, amparados en la Ley de Cupos, que cumplen funciones en la estructura pública nacional, indicando su inmediata vuelta a los puestos de trabajo.
Para el líder de ATE, este paso significa que la Justicia comienza a dar la razón y demuestra “la absoluta ilegalidad que tienen los despidos masivos que el Poder Ejecutivo decidió llevar adelante en toda la administración”.
“La importancia que el Poder Judicial funcione como órgano de control de los otros poderes del Estado, sobre todo de aquellas garantías y obligaciones que contrajo el Estado argentino con la firma de muchos tratados internacionales que protegen a estos grupos de personas”, afirmó Aguiar.
Desde ATE, esperan que en los próximos días puedan firmarse nuevas cautelares a partir de las presentaciones judiciales realizadas por el sindicato, las cuales se suman a las medidas de fuerza dispuestas para afrontar las políticas de ajuste y desguace del Estado.
Por otra parte, desde la Procuración del Tesoro a cargo de Rodolfo Barra, indicaron a El Cronista que si bien aún no fueron notificados del fallo, en caso de corresponder la intervención de esa cartera el Estado procederá en su legítima Defensa.
“Este fallo es muy importante porque además de la estabilidad en el empleo público como un derecho constitucional fundamental cuya violación venimos denunciando en todos estos meses, ahora se especifica con claridad el daño para la salud física y psíquica, y además el daño social que estas cesantías masivas generan en los trabajadores”, apuntó Aguiar.
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