El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, tomó una decisión poco habitual: habilitó la feria judicial de enero para garantizar que la investigación contra el exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio no pierda ritmo. La causa, que incluye denuncias de lavado de activos, ahora pone el foco en pruebas provenientes de España, donde se presume que existen vínculos clave para esclarecer el caso.
La medida se tomó luego de una presentación en la Unidad de Información Financiera (UIF), en la que el magistrado confirmó que trabaja en conjunto con un organismo español para acceder a documentación relevante. Entre los datos solicitados destacan los viajes realizados por la exconcejala de Pilar Claudia Pombo, quien estuvo en Málaga en al menos cinco oportunidades entre septiembre de 2022 y julio de 2024. Estos desplazamientos, sumados a vuelos hacia Estados Unidos, Brasil y Uruguay, encendieron las alarmas.
Además de Pombo, la lista de imputados incluye al exdirector de Fiscalización y Control Fernando Asencio, a la hija de Pombo Agustina Cuadra, al juez de faltas Mario Quattrochi, a Roxana Elma Pombo, y al medio hermano de la exconcejala, Héctor Marcelo Suárez Basail, quien trabaja en la Cámara de Diputados bonaerense con un sueldo de casi dos millones de pesos.
La investigación, que se reparte en varios expedientes, incluye un capítulo crítico en La Plata, donde el fiscal Álvaro Garganta analiza pruebas relacionadas con un presunto esquema millonario de fotomultas. Según fuentes cercanas al caso, el sistema permitía borrar infracciones a cambio de comisiones. Si bien las pesquisas están centradas en el patrimonio de D’Onofrio, las sospechas apuntan a que el exfuncionario podría haber encabezado una red paralela de recaudación.
En paralelo, el juzgado de Campana investiga si estas maniobras estaban vinculadas con el lavado de dinero. Los movimientos financieros de D’Onofrio y su círculo cercano serán claves para determinar el alcance de las irregularidades.
Mientras la causa avanza en Campana y La Plata, la colaboración con el organismo español podría destrabar nuevos elementos para el expediente. Por otro lado, se espera que las autoridades locales intensifiquen las pesquisas sobre las cuentas y propiedades de los imputados.
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