Con esta resolución, la Cámara Federal de Casación anuló el sobreseimiento de los dueños del zoológico y decidió mantener abierta la causa, al considerar que se trata de un delito continuado, dado que varios animales todavía permanecen alojados en el lugar.
En 2021, el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, presentó una denuncia penal contra el propietario del zoológico, Jorge Alberto Semino, después de que un ex cuidador revelara detalles sobre el maltrato y exterminio de animales.
Un año antes, el zoológico había sido clausurado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la provincia, tras múltiples inspecciones que confirmaron irregularidades, con la participación de la Defensoría.
Los Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci basaron su decisión en una interpretación dinámica del artículo 41 de la Constitución Nacional, que protege a los animales como "sujetos de derechos", y en el precedente de la orangutana Sandra para considerar a los animales como “sujetos de derechos”.
"Este fallo es crucial porque refuerza la idea de considerar a los animales como seres sintientes, personas no humanas. Este concepto es clave para erradicar la violencia hacia ellos y aplicar penas más severas a los responsables".
Desde la creación del Área de Promoción de los Derechos del Animal, la Defensoría ha promovido el cierre de los zoológicos y su transformación hacia nuevas actividades.
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