Organizaciones denuncian una "enorme desatención" del Gobierno hacia las personas con discapacidad

En cuanto a la situación específica de las organizaciones prestadoras de servicios, Dones destacó el impacto devastador del congelamiento de los aranceles. Según explicó, "Para las organizaciones que son prestadores el congelamiento es terrible, porque al estar congeladas en algunos casos no se pueden dar las prestaciones. La prestación es algo absolutamente necesario para personas que requieren este tipo de cuestiones".

La congelación de precios afecta gravemente a servicios cruciales para las personas con discapacidad. Dones hizo hincapié en la importancia de las prestaciones ofrecidas por organizaciones, como los centros de guías para personas con discapacidad intelectual, los centros de rehabilitación para personas con discapacidad motora y los centros de atención a personas psicosociales. "Los centros que son para atención personas psicosociales, o sea, toda esa prestación no la da el Estado, la dan las organizaciones a través de las obras sociales; y el no tener este tipo de prestación se convierte en algo tremendo."

Uno de los sectores más perjudicados por el congelamiento es el de los transportistas. Dones alertó que "uno de los más afectados son los transportistas, a quienes les han congelado el precio del kilómetro y esa gente no va a buscar a nadie por consiguiente, las personas con discapacidad que requieren ese servicio quedan encerradas en su casa sin ningún tipo de rehabilitación".

El abandono del Gobierno Nacional

A pesar de los esfuerzos por buscar una solución, la respuesta del Gobierno ha sido inexistente. La dirigente de Redi explicó que, hasta el momento, "No hemos tenido ningún contacto con el Gobierno, hemos pedido reuniones, hemos enviado notas, y nunca jamás nos han respondido". El reclamo fue dirigido, en primer lugar, al Ministerio de Salud, pero también hacia la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), cuya dependencia en el Ministerio de Salud, según Dones, va en contra del modelo social de la discapacidad: "La ANDIS no debe estar bajo el ejido de Salud nunca porque va en contra del modelo social de la discapacidad, ahí ya estamos mal, el haber trasladado a Salud es un retroceso de 40 años".

El gobierno actual, según Dones, ha estigmatizado a las personas con discapacidad y a quienes reciben una pensión. "Hoy toda persona con una pensión es un chorro o un trucho para este Gobierno", manifestó, lamentando el retroceso que implica esta visión del Ejecutivo.

Si bien Redi trabaja a nivel nacional, Dones reconoció que la situación afecta también a las provincias, especialmente en lo que respecta a las prestaciones bajo la ley nacional 24.901. "En la Provincia, salvo que sean prestaciones que estén bajo el ejido de la Provincia, el resto es Nacional porque están bajo la 24.901, que es la ley nacional", concluyó.

En resumen, el panorama para las personas con discapacidad en Argentina es sombrío. Las organizaciones y centros de atención se encuentran al borde del colapso, luchando no solo contra la desatención, sino contra un gobierno que, según Dones, parece no tener interés en garantizar sus derechos fundamentales. Mientras tanto, las personas con discapacidad siguen esperando una respuesta que no llega.