Entre que existan las PASOo sean eliminadas, como ha intentado hacer todo Gobierno que sobrevino a su creación en 2011, parece que hay un punto intermedio. No todo es blanco o negro. Referentes de la oposición dialoguista tienen agendada una cita con Guillermo Francos en la Casa Rosada para debatir la reforma electoral que quiere el presidente Javier Milei. Sobre la mesa del jefe de Gabinete habrá una opción salomónica: que en 2025 haya Primarias, Abiertas y Simultáneas (PAS) no obligatorias y el grueso de los gastos corran por cuenta de los partidos y no del Estado.
En Balcarce 50 auspician para el segundo semestre la desaparición por completo de las primarias, como parte de un paquete integral que incluye la -también tantas veces debatida- instalación de la boleta única (en este caso, de papel) y cambios al financiamiento político.
Francos quiere copypastear los capítulos que contenía el proyecto original de ley ómnibus que llevó al Congreso en diciembre como ministro de Interior, antes de que se redujera por primera vez para allanar una sanción que de todos modos demoró seis meses.
“Las PASO no sirven para nada, se implantaron solamente como un gasto más”, afirmó el jueves Francos ante empresarios en el almuerzo del Cicyp. En paralelo, este medio revelaba que el PRO -a diferencia de cuando fue gobierno- las sostiene para las legislativas 2025, ya que ahora en el llano y con el partido cruzado por las internas desde Ushuaia a la Quiaca nadie puede ostentar la lapicera con tinta amarilla, ni siquiera el fundador del partido, Mauricio Macri.
Por eso, en el macrismo asoma una tercera opción: que el Gobierno al menos se muestra dispuesto a escuchar en la cita que será convocada para discutir toda la agenda legislativa para la segunda fase de la administración libertaria tomando ideas ajenas como la del PRO de ficha limpia. De fondo, al debate de PASO sí, PASO no ahora se ofrece la opción de que no sean obligatorias, para que los principales gastos de las primarias no sean abonados por el Estado, para sortear el repetitivo argumento para su eliminación.
El gobierno de Milei, que tiene a la motosierra como un símbolo, todavía no cargó las tintas sobre el costo electoral, fondos que supieron ser aprovechados por el entonces candidato libertario que costeó el 87% de su campaña con dinero público, ante la escasez de aportantes privados. Pero ese justificativo ha sido esgrimido.
El cálculo oficial es que en 2023 las PASO le costaron al Estado nacional $9.250 millones. Francos prefirió dolarizarlo: “Sólo en esa elección se gastaron u$s 52 millones (a blue de hoy serían $78 mil millones). Nosotros creemos que la elección de los candidatos de un partido es un problema de los partidos individualmente, no es un problema de la sociedad en su conjunto”, dijo el ministro coordinador en la Cicyp. Al pasarlo a dólares, queda implícita una proyección de las legislativas 2025, ya que no se gasta lo mismo en las elecciones de medio término que en las presidenciales.
El dialogismo del centro propone que el Estado no se haga cargo del costo de la impresión de las boletas (en 2023 se gastó un 738% más que en 2019 en este rubro) y que no haya más propaganda gratis, con espacios cedidos a los partidos por la Cámara Nacional Electoral, que el Estado devuelve en forma de créditos a los medios de comunicación.
¿Qué quedaría entonces a cargo del Gobierno? La realización logística de unas primarias en una misma fecha, común a todos los partidos, y con los gastos operativos a su cargo, desde la distribución de urnas y boletas hasta el operativo de seguridad y el uso de las escuelas para la votación.
“Hay partidos que no tienen locales en todos lados para hacer una interna”, es el argumento a favor. Lo que esquiva admitir que esos mismos partidos difícilmente puedan costear las boletas necesarias, así como una campaña publicitaria decente. Tampoco tendrán la obligatoriedad de ir a internas, lo cual alimenta el argumento en su contra de que, por lo general, los espacios usan las PASO como una mera “encuesta nacional”.
Las PASO parecen tener los días contados, con la Casa Rosada promoviendo su eliminación, al igual que los gobernadores y parte de la oposición, ya que hasta sectores peronistas no las quieren: por caso, el massismo intentó sin éxito borrarlas en 2023. Igual, desde 2011, han sobrevivido en otros años pares a pesar de tener todo en su contra.
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