El fiscal federal de Bahía Blanca, Alejandro Cantaro, fue absuelto por la Justicia en el juicio que se lo acusaba de proteger a una banda narco que integraba su sobrino, Sebastián Gauna San Millán.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal hizo lugar al planteo de la defensa que pedía se declarara la nulidad de la acusación por violar el principio de congruencia procesal y el derecho de defensa en juicio. Así lo resolvieron de manera unánime los magistrados Simón Bracco, Ernesto Sebastián y Alejandro Silva, por entender que el fiscal Gabriel González Da Silva modificó los hechos del objeto durante el juicio y puso a Cantaro como partícipe necesario de la organización, y ya no como encubridor.
De esta manera, fue una cuestión técnica la que salvó al funcionario judicial de una condena. No obstante, continuarán las investigaciones en relación a su conducta y además es probable que la parte acusadora apele la decisión.
Esta decisión no quita que a Cantaro lo sigan investigando, porque de hecho el tribunal giró actuaciones a la fiscalía general para que evalúe la posibilidad de profundizar lo que planteó González da Silva en su alegato.
El delito por el que se acusaba al fiscal federal es el de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio, agravado por su condición de funcionario público, en calidad de partícipe necesario.
Según la causa, entre marzo del 2017 y abril del 2018, ayudó a Gauna San Millán y Facundo Texido a evadir una investigación en su contra y no denunció los ilícitos pese a tener conocimiento.
"Le daba cobertura a Gauna San Millán para que éste hiciera lo que hacía. Su sobrino le usaba el teléfono celular y tenía acceso a toda su información", dijo González Da Silva ante el Tribunal.
Cabe recordar que la causa "Drogas Sintéticas II" llevaba más de dos años en tratamiento. En noviembre de 2020 la defensa de Cántaro intentó un juicio abreviado con un acuerdo favorable al acusado a cambio de que se declare culpable, pero el tribunal rechazó el pedido.
Especialista en crimen organizado y delitos económicos, Alejandro Cantaro era un funcionario de la Procuración General de la Nació con imagen positiva en Bahía Blanca.
Fue, por ejemplo, investigador de delitos de Lesa Humanidad cometidos durante la dictadura, destacó las políticas de derechos humanos aplicadas por el gobierno kirchnerista, y fue crítico en ese mismo sentido de la gestión de Mauricio Macri.
Sin embargo, todo se derrumbó cuando empezó esta investigación, que incluyó un allanamiento a su domicilio en el que se encontró marihuana. A medida que avanzó la causa, y se recolectaron más pruebas, su situación se complicó. Si el tribunal lo encuentran culpable, podría enfrentar hasta siete años de prisión efectiva.
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