Productores de Carlos Casares golpearon esta semana las puertas de la Legislatura bonaerense para poner en agenda el drama que atraviesan desde hace años por las inundaciones. Según explicaron, la situación no solo afecta a sus campos, sino también a los caminos rurales, a la educación y a la conectividad de la región. La reunión en el Salón Antonio Cafiero del Senado bonaerense reunió a legisladores de distintas fuerzas políticas, mientras que algunos participaron de manera virtual, para escuchar de primera mano los reclamos de la comunidad rural.
Carolina Donegani, de Comunidad Rural Carlos Casares, expresó con contundencia su frustración: “No me vengan con que las inundaciones son producto del cambio climático para disfrazar lo que no hicieron. Yo puedo estar inundada, pero también debería tener el camino hecho, y eso hoy no pasa”, afirmó. La dirigente denunció la falta de mantenimiento de los caminos rurales, el nulo control de los canales clandestinos y el freno de obras hidráulicas esenciales para la región.
Por su parte, la abogada Alejandra Córdoba, representante legal de los productores, explicó que la situación afecta a millones de hectáreas: “El barro es la frontera que separa al campo del acceso a nuestros derechos y oportunidades. La falta de voluntad política y las omisiones son las que más bronca generan. Los caminos deberían ser puntos de conexión, y hoy no son más que ríos imposibles de transitar”. Córdoba citó datos de CARBAP y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que estiman entre 2 y 4 millones de hectáreas afectadas por las inundaciones, con 900 mil hectáreas directamente bajo el agua (Degremiales).
El testimonio de familias tamberas, como el de Diego Martín y su esposa, reforzó la dimensión humana de la crisis. Desde marzo de 2025, la escuela a la que asisten sus hijos no tiene docentes debido a las condiciones de aislamiento provocadas por las inundaciones. “Agradezco que se pueda hacer algo por la producción, porque son muchas las familias que la están pasando mal”, señalaron.
Los legisladores presentes se comprometieron a trabajar de manera coordinada entre ambas Cámaras para impulsar proyectos de ley y políticas públicas concretas. Sabrina Sabat, presidenta de la Comisión de Asuntos Agrarios, enfatizó la necesidad de prevención: “La emergencia está, pero también tenemos que hablar de prevención. Esto no nos puede volver a pasar y excede lo partidario. Debemos generar leyes macro para que el Estado esté presente antes del desastre”.
Alejandro Cellillo, su par en la Cámara de Diputados, anticipó que se convocará a asesores y representantes del Ejecutivo y del Banco Provincia para avanzar en soluciones concretas. Luciano Bugallo, diputado de la Coalición Cívica, remarcó la responsabilidad de la Provincia y la Nación: “Podemos presentar proyectos, pero si el Ejecutivo no ejecuta, todo queda empantanado. Hay fondos que se recaudan para obras que no se realizan”.
Uno de los puntos más fuertes de la reunión fue la explicación de la denuncia penal presentada contra el intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik; la intendenta de 9 de Julio, María José Gentile; y funcionarios de la Autoridad del Agua (ADA) y de la Dirección de Hidráulica bonaerense. La denuncia, radicada en la Fiscalía N° 2 de Trenque Lauquen, a cargo del fiscal Tomás O’Reilly, acusa a los funcionarios de estrago doloso por inundación, omisión impropia e incumplimiento de deberes de funcionario público (Degremiales).
“Por primera vez tuvimos que llegar a la Justicia, porque las autoridades conocían lo que estaba pasando y no hicieron nada”, explicó Córdoba. Donegani agregó: “Hace 14 años que el intendente conoce el distrito y tiene responsabilidad sobre los caminos rurales. No puede ser que todo dependa del criterio técnico o político de dos o tres personas”.
Los productores insistieron en que no se trata solo de un desastre climático, sino de una cadena de omisiones políticas y técnicas. Según Córdoba, “el Plan Maestro del Río Salado debía terminarse en 15 años, pero lleva 30 y está a medio hacer. Hay desidia de la Provincia, falta de control sobre los canales clandestinos y abandono total de los caminos rurales”.
El encuentro terminó con un compromiso mutuo: los productores insistirán en la creación de una mesa de trabajo que reúna a todos los actores del sector para buscar soluciones concretas y a largo plazo. Mientras tanto, la región sigue esperando que las promesas de acción se traduzcan en hechos.
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