La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) lanzó en las últimas horas una campaña nacional en respaldo al equipo de salud del principal centro pediátrico del país y para exigir la nulidad de los sumarios disciplinarios iniciados contra trabajadores que participaron de las protestas de 2025. La iniciativa apunta directamente contra las sanciones que impulsa el Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei.
Desde el hospital señalaron que la cúpula administrativa avanzó con medidas disciplinarias contra personal que se manifestó en rechazo al recorte presupuestario aplicado por la administración libertaria. Para los trabajadores, se trata de una respuesta política que llega luego de un conflicto largo y de alto impacto social.
“Esta avanzada constituye un nuevo ataque del Gobierno nacional al principal hospital pediátrico del país”, expresaron desde la APyT, al advertir que las sanciones aparecen en un contexto marcado por incumplimientos oficiales y tensiones que se arrastran desde el año pasado.
La secretaria general del gremio, Norma Lezana, explicó en un video difundido en redes sociales que, tras el “triunfo histórico” alcanzado en 2025, que incluyó un aumento salarial y un fuerte acompañamiento social, “en 2026 el ataque al Hospital Garrahan continúa”.
En concreto, los sumarios administrativos alcanzan a 44 trabajadores y, según denunciaron, buscan disciplinar a quienes encabezaron la defensa del hospital durante el conflicto del año pasado. “El objetivo es muy claro: achicar y privatizar el Hospital Garrahan”, advirtió Lezana.
Por ese motivo, desde la asociación apuntaron contra el ministro de Salud, Mario Lugones, y el interventor del Garrahan, Mariano Pirozzo, designado por la gestión mileísta. También denunciaron que no se cumple la Ley de Emergencia de Salud Pediátrica, que no se convocan concursos para cubrir más de 300 cargos vacantes por renuncias acumuladas en los últimos dos años y que existe un manejo “oscuro” de los recursos.
En esa misma línea, los trabajadores remarcaron que Pirozzo fue designado “a dedo”, que no es pediatra, que no tiene experiencia en salud pública y que es conocido por haber llevado adelante despidos en otros ámbitos. “En dos años, nunca recibió al personal ni asistió a audiencias formales”, ampliaron.
Desde la APyT vincularon de manera directa la ofensiva actual con el desenlace del conflicto salarial de 2025. Según relataron, tras un proceso de protestas prolongado y masivo, el Gobierno terminó reconociendo un incremento del 61%. “Después de forzar más de 300 renuncias y tener que otorgar ese aumento, ahora buscan revancha”, sostuvieron.
En paralelo, los trabajadores del Hospital Garrahan anunciaron una nueva marcha hacia la Quinta de Olivos para exigir la aplicación efectiva de las leyes de Emergencia en Pediatría, financiamiento universitario y emergencia en discapacidad, ratificadas semanas atrás por el Congreso nacional tras los vetos del presidente Milei.
La movilización será impulsada por la APyT junto a CONADUH, CICOP-POSADAS, el Hospital Eva Perón y otros sectores. Desde esos espacios advirtieron que, si el oficialismo no aplica la normativa vigente, avanzarán con un pedido de juicio político contra el Presidente, Mario Lugones, Luis Caputo y Guillermo Francos.
“Si el Presidente y sus funcionarios no cumplen con la ley del Garrahan, no van a tener paz con nosotros”, afirmaron desde los gremios que representan al personal del hospital pediátrico de referencia regional.
Lezana volvió a tomar la palabra y destacó que el conflicto trascendió lo estrictamente laboral. “Construimos un movimiento social en defensa de las infancias. Hicimos todo lo que había que hacer y lo logramos, hay una mayoría popular que respalda nuestro reclamo”, sostuvo.
Según remarcó, ese respaldo se expresa “en encuestas, en cada acción que llevamos adelante y en haber logrado que el Congreso incorporara la Emergencia Pediátrica y la ratificara frente al veto presidencial”. “Ahora el Ejecutivo tiene que aplicarla, sino incurre en un delito que lo inhabilita para seguir ejerciendo su cargo”, agregó.
Frente a la falta de respuestas, la dirigente sindical confirmó que realizarán una caravana con ruidazo frente a la residencia presidencial. “Y además alertamos desde ahora: si el Gobierno no cumple con la aplicación de las leyes vamos a impulsar una campaña por el Juicio Político”, cerró, al responsabilizar de manera directa a los principales funcionarios del gabinete nacional.
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