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Tras la renuncia de la subsecretaria, el FdT denunció penalmente el escándalo de Desarrollo Social

Un presunto caso de corrupción generó un cruce entre el gobierno de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Luego que el intendente Ezequiel Galli le pidiese la renuncia a la subsecretaria tras detectar “irregularidades”, el secretario del área dijo que no haría la denuncia hasta tener pruebas concretas. Pero el FdT dijo que no hay nada que esperar. “Se han utilizado al menos 2 tarjetas, 6 pasajes y vales de alimentos”, afirmaron en un comunicado.

La semana pasada, el Ejecutivo de Olavarría se vio sacudido por denuncias que acusaban irregularidades en la cartera de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, lo que motivó una reunión de gabinete y la decisión de pedirle la renuncia a la subsecretaria del área, Silvana Rosales.

Desde el minuto uno en que se conocieron los hechos, el Ejecutivo se llamó a silencio, limitándose a informar que se le pidió la renuncia por “irregularidades en el área y se va a hacer una auditoría en la secretaría”.

Sin embargo, Diego Robbiani, secretario de Desarrollo Social y uno de los funcionarios de mayor confianza de Ezequiel Galli, le confirmó a Infoeme que no realizaría la denuncia penal hasta tener pruebas concretas que lo “obliguen como funcionario público".

Ante esta situación, el bloque de ediles de la oposición, anunció este jueves en su cuenta de Twitter que “Hoy realizamos la denuncia penal, para que la justicia investigue los desvíos de fondos que provocaron la renuncia de Silvana Rosales”.

En un comunicado, el Frente de Todos de Olavarría confirmó que teniendo en cuenta “la gravedad del caso” y los dichos de Robbiani, los concejales decidieron radicar la denuncia frente al Ministerio Público Fiscal.

En una parte del comunicado destacaron las declaraciones del funcionario: "Robbiani dijo textual 'yo sé dónde compró, en el sistema figura donde se hizo el débito, lo que no estamos seguros es si fue esa persona o fue otra la que utilizó el fondo, si ese fondo fue utilizado por algún trabajador o un funcionario público'".

"En estas expresiones estaría configurado el delito, las tarjetas fueron utilizadas y no por sus titulares, que no se sepa quien las utilizó no quita que el delito ya esté configurado", explicaron al tiempo que agregaron "que más tiene que esperar, él mismo indicó que ‘hace 1 año y monedas’ se repite esta operatoria y fueron los propios trabajadores los que denunciaron el hecho".

Los concejales también exigen que la presidenta del cuerpo, Cecilia Krivochen, convoque a una sesión especial "para que los olavarrienses puedan saber qué fue lo que pasó y quiénes son los responsables”.

En cuanto a la auditoría interna convocada por el Municipio, referieron que "si se trata de un delito o no lo debe determinar la justicia, no el área de Legal y Técnica”.

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