El habeas corpus presentado por la Comisión Provincial de la Memoria fue ante las malas condiciones de detención en la sede central nicoleña de la División Departamental de Investigaciones (DDI).
La medida preventiva dictaminada por el juez interviniente prohíbe que lleven nuevos detenidos por lo que implica que no puedan hacer procedimientos con allanamientos o detenciones que deben ser comisionados a personal de la Comisaría.
La decisión judicial, que es preventiva hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo mediante una serie de pericias ordenadas, no sólo impide que ingresen nuevos detenidos a esa sede sino que además obturó el desarrollo de la tarea cotidiana de todas las dependencias zonales. Tanto la DDI San Nicolás como las Sub DDI Ramallo, Arrecifes y San Pedro-Baradero no pueden encabezar allanamientos o detener personas ni se les asignará procedimientos propios de su tarea de auxiliar de la Justicia hasta tanto no se resuelva la cuestión de fondo.
La orden judicial llegó a la Superintendencia de Investigaciones, que remitió las directivas a la Departamental para que se haga cumplir la medida preventiva, mientras se desarrolla el proceso correspondiente que inició el habeas corpus.
Así, el personal de la DDI en todo el departamento judicial San Nicolás sólo está para trabajos de inteligencia de campo, identificar personas o para acompañar como apoyo los procedimientos que encabece el personal de las comisarías, sobre las que ahora recayeron esas tareas de la policía de investigación que están momentáneamente suspendidas.
La medida preventiva la tomó el juez Román Parodi mientras subrogaba a su par María Eugenia Maiztegui, titular del Juzgado de Garantías 3, donde tramita la causa.
El habeas corpus fue presentado por el secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano García, en favor de las personas alojadas en sede San Nicolás de la DDI.
El oficio librado por el juez Parodi a la Jefatura policial indica que “no podrán ingresar detenidos” y que “deberán remitir en carácter de urgente" al Juzgado "la nómina de personas alojadas, especificando a disposición de qué organismo se encuentran detenidas y el estado del trámite de alojamiento bajo la órbita del Servicio Penitenciario".
Además, "deberá informar" la notificación de "las órdenes de clausura judicial o administrativa, y en su caso informe los motivos del incumplimiento", según consta en la resolución judicial.
La presentación de Cipriano García derivó en la decisión del Juzgado de solicitar, además de la medida preventiva, una gran cantidad de pericias probatorias para establecer las condiciones de detención denunciadas en el habeas corpus.
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