El ajuste llega hasta los muertos

25 de Febrero de 2019 | Página 12

Hacia finales de octubre, principios de noviembre, hubo un par de comunicaciones internas dentro del Poder Judicial de la provincia que pasaron completamente inadvertidas. Una de ellas, según un miembro del Poder Judicial, emanó del secretario de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal de la Procuración General de la Suprema Corte de Buenos Aires, doctor Francisco Pont Verges, e informaba que ?... con motivo de lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia en el expediente registrado nro. 3001-11886-2014... a partir del 1º de marzo del corriente año, quedará fuera de servicio el Laboratorio de Toxicología y Química Legal de la Dirección General de Asesoría Pericial, atento la falta de insumos y reactivos y el colapso de los lugares destinados a la guarda; no pudiéndose dar ingreso a los oficios de solicitud, muestras y efectos para peritar en virtud de lo reseñado?. En castellano, quiere decir que ya no harán los estudios toxicológicos (que antes eran de rigor) que complementan la autopsia propiamente dicha (el análisis del cadáver).

La otra era una resolución del procurador general bonaerense, doctor Julio Conte Grand, por la cual comunicaba que dejarían de hacerse en la provincia autopsias por ?averiguación de causales de muerte?. 

?Es necesario hacer un poco de historia para comprender el alcance de estas resoluciones?, explicó la misma fuente y recordó que las morgues fueron en un principio policiales. A raíz de los problemas que se generaron porque era la policía la encargada de los estudios y análisis en los cadáveres, hace aproximadamente veinte años se crearon dos morgues judiciales (ya no dependen de la Bonaerense sino del Poder Judicial) en la provincia de Buenos Aires. Una de ellas funciona en Lomas de Zamora. Su prestigio en cuanto a la idoneidad de su trabajo nunca fue puesto en duda. Esto, que podría ser sólo un halago para la institución, es también un motivo de preocupación: la morgue está colapsada por la cantidad de trabajo. ?Algunas posibles soluciones a esta situación sería la ampliación de las instalaciones, la contratación de más profesionales y un mayor presupuesto?, explicó la fuente judicial.

Pero, contradiciendo ese supuesto, las autoridades provinciales decidieron recortar las prestaciones. En lo que hace a los estudios complementarios, por ejemplo, ya no podrá saberse la cantidad de alcohol en sangre de una persona al momento de morir, porque no hay reactivos, insumos ni lugar para almacenar los cuerpos a la espera de los análisis. 

?¿Y la otra resolución? ?preguntó este diario a la fuente judicial.

?La otra resolución tiene consecuencias aún más graves en lo cotidiano. Se hacen autopsias a las víctimas de una muerte violenta (por ejemplo, víctimas de homicidios, femicidios) y a aquellos de los que no se sepa de qué murieron, por ejemplo una persona que cae muerta en la calle, alguien que muere en su casa. El problema con estos cuerpos es que no hay ningún médico que firme el certificado de defunción, por lo tanto no pueden ser enterrados ni seguirse los trámites correspondientes. 

La misma fuente observó que ?se están generando problemas de difícil solución. Hay una especie de mercado negro de médicos que firman certificados, hay familias que trajinan días para poder enterrar a sus muertos, hay deudos que piden que los policías mientan y finjan encontrar traumatismos craneanos para poder pedir una autopsia por muerte violenta.

También se pierden pruebas. ¿Qué pasa si se entierra a una persona que murió en su casa de un ?paro cardiorrespiratorio no traumático? y luego aparece un pariente que denuncia que la mataron? ¿Qué habría pasado si no se hubiera hecho autopsia en el caso García Belsunce (el primer certificado consignaba como causa de muerte un accidente doméstico y recién en la autopsia aparecieron los cinco agujeros de bala en el cráneo de María Marta)??

Según sugiere la misma fuente, un ?paraguas legal? para permitir que médicos no legistas firmen certificados de defunción sería una solución parcial, que al menos evitaría a los deudos tener que pagar (y bastante) por el certificado. Pero no modificaría el otro aspecto del problema, la pérdida de pruebas por no autopsiar en ?averiguación de causales de muerte? y no hacer los estudios toxicológicos.

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