Milei desarma la histórica política argentina de derechos humanos y se aleja de la ONU

La administración nacional dejó de participar en distintos debates del Consejo de Derechos Humanos y profundizó su alineamiento con Estados Unidos e Israel. En paralelo, continúan los recortes en el área local y sigue bajo revisión el futuro funcionamiento de la ex ESMA.
28 de Mayo de 2026 | Primera Plana

La política exterior argentina en materia de derechos humanos atraviesa uno de sus cambios más profundos desde el regreso de la democracia. Con menos participación en organismos internacionales, ausencias en debates de la ONU y una fuerte sintonía con las posiciones de Estados Unidos e Israel, el gobierno de Javier Milei empezó a desarmar una tradición diplomática que durante décadas le dio al país reconocimiento internacional.

El contraste aparece incluso en la historia reciente. En 1988, el fiscal Julio César Strassera, uno de los protagonistas del Juicio a las Juntas, encabezaba la representación argentina ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Ese perfil activo, ligado al consenso del Nunca Más, hoy quedó relegado frente a una estrategia oficial que cuestiona parte de la agenda internacional sobre derechos humanos y apunta contra lo que define como cultura “woke”.

Dentro de esa lógica también aparece la cercanía política con el presidente estadounidense Donald Trump y el respaldo permanente a Israel en los foros multilaterales. El Gobierno sostiene una mirada crítica sobre la Agenda 2030 y plantea una reinterpretación de los años setenta, algo que ya tuvo impacto tanto en la política exterior como en el funcionamiento interno del área.

Uno de los datos que más preocupación generó entre organismos y diplomáticos fue la decisión de no participar activamente este año en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El embajador Carlos Foradori, representante argentino en Ginebra, no forma parte de las sesiones por decisión de la Casa Rosada y, como consecuencia, el país perdió derecho a voto dentro del organismo.

La Argentina prácticamente desapareció de las discusiones generales y solo mantuvo intervenciones puntuales contra gobiernos enfrentados ideológicamente con el oficialismo, como Venezuela, Irán y Nicaragua. En esos casos hubo cuestionamientos al chavismo, pedidos por detenidos y críticas a distintos regímenes autoritarios.

La organización Cadal viene siguiendo de cerca estos movimientos. Dorothea Krueger, integrante de esa entidad, advirtió que “la Argentina abandonó su rol tradicional como impulsor del derecho internacional de los derechos humanos y participante activo en los foros multilaterales”. La observación surgió luego de que el país no participara en el Examen Periódico Universal sobre Ruanda realizado en enero por Naciones Unidas.

Según Krueger, “con este silencio, la Argentina le da la espalda a todos aquellos que quisieran opinar libremente en Ruanda y gozar de la garantía de sus derechos y libertades fundamentales”.

El repliegue argentino ya había empezado en agosto del año pasado, cuando el Gobierno retiró la candidatura para integrar nuevamente el Consejo de Derechos Humanos entre 2026 y 2028. La decisión marcó un quiebre respecto de años anteriores, cuando incluso el embajador Federico Villegas llegó a presidir ese organismo durante parte de la gestión de Alberto Fernández.

Desde entonces, la delegación argentina dejó pasar distintas discusiones sobre la situación de derechos humanos en países como Panamá, Honduras y Jamaica. Al mismo tiempo, sí tomó posición en casos vinculados a Irán, Nicaragua y Venezuela.

En otras votaciones también quedó expuesto el nuevo alineamiento diplomático. La Argentina acompañó posiciones de Washington e Israel en resoluciones sensibles dentro de la Asamblea General de la ONU. Una de las más polémicas ocurrió cuando votó contra un documento que calificaba a la esclavitud como “el crimen de lesa humanidad más grave de la historia”.

Además, la representación argentina defendió la política de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador sin mencionar las denuncias internacionales sobre violaciones a los derechos humanos en las cárceles de ese país. También respaldó a Italia, gobernada por Giorgia Meloni, una de las dirigentes europeas más cercanas al espacio libertario.

El exembajador argentino ante la ONU Ricardo Lagorio cuestionó el rumbo actual y recordó que “los derechos humanos no son un invento del kirchnerismo, están en nuestra Constitución”. También señaló que la Argentina dejó de participar de la Tercera Comisión de Naciones Unidas, donde se discuten temas sociales y de género.

Las tensiones con los organismos internacionales también se trasladaron a otros ámbitos. En marzo, el Gobierno formalizó la salida de la Organización Mundial de la Salud y mantiene deudas en aportes destinados a Naciones Unidas y otras entidades vinculadas.

Desde Amnistía Internacional Argentina, su directora ejecutiva Mariela Belski aseguró que el país está abandonando una construcción diplomática que llevó décadas consolidar. “La Argentina contó históricamente con reconocimiento internacional en memoria, verdad y justicia, libertad de expresión, género y diversidad”, sostuvo.

Para Belski, el retiro de espacios multilaterales, las votaciones aisladas y el alejamiento de organismos internacionales muestran “un proceso de repliegue y pérdida de influencia” en la política exterior argentina.

Mientras tanto, el ajuste también avanza dentro del país. La Subsecretaría de Derechos Humanos despidió recientemente a seis integrantes del Consejo Federal y mantiene un esquema de reducción de estructura impulsado desde el inicio de la gestión libertaria.

La conducción actual, encabezada por Leonardo Szuchet, frenó por ahora el traslado de la sede desde la ex ESMA hacia otro edificio estatal. También quedó en pausa la intención de modificar el relato oficial del Museo de la Memoria para incorporar la idea de “memoria completa” promovida por sectores cercanos al oficialismo.

Otro de los cambios relevantes ocurrió dentro de la Cancillería. La Dirección de Derechos Humanos pasó de la Secretaría de Relaciones Internacionales al área de Culto, desde donde actualmente se definen las instrucciones para votaciones y posicionamientos internacionales.

En ese contexto, un diplomático con años de experiencia resumió el clima interno que atraviesa el servicio exterior argentino: “Se perdió el poder blando que el país construyó durante cuarenta años de democracia. Hoy muchos prefieren quedarse callados”.

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