La medida extiende el régimen que estaba vigente desde diciembre de 2023 y busca dar continuidad al proceso de normalización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), mantener la seguridad del abastecimiento y sostener las reformas regulatorias en marcha.

Según el decreto, la prórroga equipara el plazo de la emergencia eléctrica con el que ya rige para el transporte y la distribución de gas natural, con el objetivo de coordinar ambos sistemas debido a la fuerte dependencia de la generación térmica respecto del suministro de gas.

Entre los fundamentos, el Ejecutivo sostiene que persisten condiciones técnicas, operativas y financieras que justifican mantener el régimen excepcional. El Gobierno señala que el sistema eléctrico continúa operando con márgenes reducidos de reserva, una infraestructura envejecida y limitaciones en la red de transporte de alta tensión, lo que incrementa el riesgo ante picos de demanda o contingencias.

El decreto destaca que durante 2025 el máximo de demanda alcanzó los 30.257 MW, con un margen operativo cercano al 4,4%, considerado insuficiente para garantizar niveles adecuados de confiabilidad. También advierte que muchas estaciones transformadoras funcionan con niveles de utilización superiores al 90%, mientras que más del 60% de las fallas en distribución se registran en alimentadores con más de 25 años de antigüedad.

Reducción gradual de subsidios

La norma también remarca que, si bien se avanzó en la recomposición financiera del sector, el proceso aún no está concluido. En ese sentido, resalta la mejora en la cobrabilidad del Mercado Eléctrico Mayorista administrado por CAMMESA, que pasó de alrededor del 48% en diciembre de 2023 a aproximadamente 97% tras la implementación de los planes de regularización de deudas y la actualización tarifaria.

Otro de los ejes de la prórroga es la continuidad del esquema de reducción gradual de subsidios y de adecuación de los precios mayoristas de la energía. El Gobierno sostiene que todavía existe una diferencia significativa entre el costo real de abastecimiento y el precio que pagan los usuarios subsidiados, por lo que considera necesario mantener un proceso gradual para avanzar hacia la sostenibilidad económico-financiera del sistema.

Asimismo, el decreto señala que la emergencia permitirá continuar con la ejecución de obras estratégicas de transporte eléctrico, la incorporación de sistemas de almacenamiento de energía, la implementación de mecanismos de confiabilidad y la adecuación normativa derivada de la reforma del Marco Regulatorio Eléctrico iniciada en 2025.