El gobierno de Axel Kicillof profundizó hoy su rechazo a la modificación de la ley de tierras que impulsa el gobierno nacional como uno de los capítulos del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, al advertir que la última actualización de esa iniciativa, que amplía al 25% el tope, es “una trampa”.

La encarga de dejar sentada la postura adversa del gobierno provincial -que ya había manifestado el propio Kicillof y el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez-, fue la titular de la cartera de Ambienta, Daniela Vilar. “Nos quieren vender que cedieron. Es una trampa”, planteó la funcionaria.

Se refería a la nueva redacción de la norma -es la versión número 16 que circula- que amplía de 15% al 25% el tope de tierras rurales que pueden quedar en manos extranjeras dentro de cada provincia, una modificación que el oficialismo introdujo en busca de encontrar los consensos que les permitan avanzar en el senado, lo que hasta ahora no consiguió.

Vilar explicó que el punto clave, según su visión, es el hecho de que el nuevo texto, pese a subir el límite nacional elimina restricciones que actualmente también se aplican a escala departamental, por lo que habilita que en alguno de ellos se supere incluso el límite del 25%. De hecho, ya existe en Puerto Libertad, Misiones, donde una empresa chilena posee el 75%.

Para Vilar, ese cambio es central porque el porcentaje provincial no necesariamente refleja cómo puede concentrarse la propiedad en determinados territorios. “El departamental es el que importa”, remarcó, al señalar que es en esas jurisdicciones donde se encuentran concentrados recursos estratégicos como el agua, el litio, los glaciares y grandes extensiones de tierra productiva.

El límite que desaparece

La normativa vigente establece un límite del 15% para la titularidad o posesión de tierras rurales por parte de extranjeros en tres escalas: nacional, provincial y departamental. El nuevo proyecto conserva un techo, pero modifica la forma en que se aplica. El límite pasa al 25% del territorio de cada provincia, mientras se eliminan las restricciones que operaban sobre departamentos y municipios.

La diferencia puede ser significativa. Una provincia puede estar lejos de alcanzar el 25% de tierras en manos extranjeras y, al mismo tiempo, tener una concentración mucho mayor en determinados departamentos

Ese es precisamente el riesgo que advierte Vilar. Si el límite se calcula únicamente sobre la superficie total de una provincia, la adquisición de grandes extensiones dentro de una zona específica puede avanzar sin que el porcentaje provincial llegue al máximo permitido.

El ejemplo de Neuquén

Para explicar el alcance de su advertencia, Vilar puso como ejemplo al departamento Los Lagos, en Neuquén. Según señaló, Villa La Angostura, Nahuel Huapi Norte y El Correntoso representan apenas el 4,5% de la superficie de esa provincia, pero se encuentran prácticamente dentro de ese departamento.

Con un límite que opere solamente a nivel provincial, sostuvo, una fuerte concentración de tierras extranjeras en esa zona podría producirse sin acercarse siquiera al 25% del territorio total neuquino.

El foco sobre el litio y el agua

Vilar trasladó el mismo razonamiento a los recursos mineros del norte argentino. Los principales salares vinculados con la explotación de litio de Jujuy, Salta y Catamarca están concentrados en determinadas zonas y departamentos.

Por eso, según su planteo, no sería necesario adquirir el 25% de una provincia completa para alcanzar una posición dominante sobre un territorio donde se concentra un recurso estratégico.

La misma lógica, sostuvo, se aplica al agua, los glaciares y las tierras productivas: el problema no es solamente cuánto territorio extranjero existe en una provincia, sino dónde está ubicado ese territorio.

En ese punto radica la diferencia entre ambos sistemas. El límite provincial mira el territorio como un todo; el departamental permite establecer una barrera sobre zonas específicas donde puede existir una concentración particularmente sensible.

Las otras alertas sobre el proyecto

La ministra también cuestionó otros cambios incluidos en el borrador que circula dentro de La Libertad Avanza.

Entre ellos mencionó la derogación de la protección específica sobre lagos, ríos y cuerpos de agua permanentes, la posibilidad de adquisición de tierras en zonas de frontera y la eliminación del límite de 1.000 hectáreas por titular en la zona núcleo.

También señaló la desaparición del límite del 30% por nacionalidad de origen, otra de las restricciones contempladas por el régimen vigente.

El proyecto, de todos modos, mantiene algunas prohibiciones: impide la adquisición de tierras rurales por parte de Estados extranjeros y establece mecanismos de autorización para empresas con participación estatal extranjera y determinadas operaciones en zonas de seguridad de frontera.