Universitarios vuelven al paro por fondos y salarios mientras el Gobierno asegura que el acuerdo ya no rige

Los gremios docentes y no docentes de la UBA convocaron a un cese total de actividades para el 12 de agosto por presuntos incumplimientos del Gobierno. Reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento, el cumplimiento del acuerdo firmado con los rectores y la ejecución de la cautelar que confirmó la Corte Suprema.
10 de Agosto de 2026 | Primera Plana

El conflicto entre las universidades nacionales y el Gobierno de Javier Milei volvió a escalar. Los gremios de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Aduba y Apuba, convocaron a un paro total de actividades para el próximo 12 de agosto y esperan que en las próximas horas otros sindicatos del Frente Sindical de Universidades Nacionales se sumen a la medida, por lo que el reclamo podría extenderse a todo el país.

Además del paro, los sectores universitarios preparan una semana de protestas entre el 18 y el 21 de agosto, con movilizaciones que incluirán un abrazo simbólico al Hospital de Clínicas y reclamos frente a la Secretaría de Educación.

Desde los gremios sostienen que el Ejecutivo incurrió en un triple incumplimiento. En primer lugar, denuncian que no aplicó la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada y ratificada por el Congreso el año pasado. También afirman que el Gobierno no respetó el acuerdo firmado con los rectores en junio.

Según señalaron fuentes universitarias, la administración nacional sí abonó el aumento salarial del 21,33% correspondiente a junio, con otro 3% previsto para octubre, además de los incrementos para las becas Manuel Belgrano. Sin embargo, aseguran que aún no giró el 20% de aumento para los gastos de funcionamiento ni la partida extraordinaria de $50.000 millones destinada a los hospitales universitarios.

La respuesta oficial fue distinta. Desde el Gobierno sostuvieron que "el acuerdo está caído" porque tenía validez "si no avanzaba la cautelar". También indicaron que continúan pagando las partidas presupuestarias habituales para los hospitales universitarios, aunque descartaron transferir el refuerzo extraordinario reclamado por las universidades.

El tercer eje del conflicto gira en torno al cumplimiento de la medida cautelar que quedó firme tras la decisión de la Corte Suprema. Ese fallo obliga al Estado a aplicar los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen actualizaciones salariales desde 2023 en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la actualización de todas las becas estudiantiles, no solamente las Manuel Belgrano.

Las universidades mantuvieron el reclamo judicial porque consideran que siguen existiendo diferencias entre lo que establece la ley aprobada por el Congreso y el acta salarial firmada con el Gobierno. En ese contexto, la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, solicitó una ampliación presupuestaria de 1,3 billones de pesos para afrontar el mayor incremento salarial derivado de la cautelar. La medida fue publicada en el Boletín Oficial el 15 de julio. Según explicaron desde el Ejecutivo, todavía no fueron notificados formalmente por la Justicia y los fondos se distribuirán de manera gradual hasta fin de año. También aseguraron que esa situación ya fue comunicada a los gremios.

Mientras tanto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) mantuvo una reunión de su Comité Ejecutivo, aunque no emitió un pronunciamiento sobre la discusión presupuestaria. Sí difundió una declaración en defensa de la tierra, los recursos estratégicos y la soberanía nacional frente a la propuesta oficial para modificar la Ley de Tierras.

Más tarde, el CIN, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el frente universitario coincidieron en que el aumento salarial necesario para cumplir la cautelar debería alcanzar el 29,5%.

Desde el Ministerio de Capital Humano calificaron el paro como "ilegítimo y prematuro" y afirmaron que "no existe incumplimiento alguno por parte del Estado nacional". En esa línea, remarcaron que el 10 de junio se firmó un acta paritaria con los gremios docentes que fijó un incremento total del 24,33%, distribuido en un 21,33% en junio y un 3% en octubre, y aseguraron que esos fondos ya fueron transferidos a las universidades para el personal docente y no docente.

La cartera también recordó que en esa misma negociación se resolvió pasar a un cuarto intermedio y convocar a una nueva reunión paritaria con fecha límite para el 15 de septiembre.

El secretario general de Aduba, Emiliano Cagnacci, cuestionó con dureza la postura oficial. “La total indiferencia del Gobierno de Milei frente a los múltiples reclamos pendientes de las universidades nacionales parece no tener límites. Se enfrentan a la sociedad que marchó cuatro veces en defensa de la universidad pública, al Congreso Nacional que hace casi 300 días votó la Ley de Financiamiento Universitario y que aún no ejecuta, y a la Justicia al desobedecer la cautelar que dejó en pie la Corte Suprema y los obliga a actualizar los salarios de todos los trabajadores y trabajadoras universitarios a noviembre de 2023. En definitiva, tenemos un gobierno que le da la espalda a la democracia y se cree con la potestad de decidir qué ley se cumple y cuál no”.

El dirigente agregó: “Este es un conflicto que lleva más de dos años y medio y al que nos empujó el Gobierno. Nos han empujado a esto ya que aún seguimos sin cobrar lo que el Estado de derecho ya sentenció que nos corresponde. No lo vamos a permitir y tampoco nos van a hacer bajar los brazos”.

La Fatun ya confirmó su adhesión a la medida de fuerza y se espera que otras organizaciones que integran el Frente Sindical de Universidades Nacionales hagan lo mismo durante la jornada. Entre ellas aparece la Conadu, que ya había participado del paro realizado este lunes “en el marco de un ataque a la libertad sindical”.

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