La Provincia dice que va a aplicar la nueva Ley Penal Juvenil pero advierte: “No nos vamos a resignar a amontonar jóvenes”

José Luis Zerillo, subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil de la provincia de Buenos Aires explicó cómo se trabaja para aplicar el nuevo régimen para menores.
09 de Septiembre de 2026 | Primera Plana

La polémica en torno a la suspensión, por la vía judicial, de la reforma de la Ley Penal Juvenil sumó un nuevo capítulo, aunque uno esclarecedor. José Luis Zerillo, subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil de la provincia de Buenos Aires, funcionario a cargo de la aplicación de la norma, explicó qué medidas se vienen tomando para su plena aplicación en el ámbito bonaerense.

En diálogo con Palabras más, palabras menos, en la mañana de LA CIELO, Zerillo descartó que la Provincia esté en rebeldía frente a la norma promulgada días atrás y mostró, por el contrario, cómo, incluso sin presupuesto asignado, trabaja para poner en condiciones los lugares de alojamiento para una población que se duplicará gracias a los nuevos criterios etarios de punibilidad.

La jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, suspendió durante 60 días la aplicación de la Ley 27.801 en territorio bonaerense lo que generó un tembladerar en la política nacional.

Un sistema en crisis por la falta de plazas

Para comprender la magnitud del desafío, Zerillo aportó un dato estadístico contundente sobre la escala de la infraestructura bonaerense: “Nosotros actualmente tenemos 348 plazas en el sistema de menores. Es el sistema por lejos y por mucho el más grande de todo el país. Somos el 63% de la prisionización de jóvenes menores de 18 años”. El funcionario contrapuso esta realidad con la de otras jurisdicciones nacionales, algunas de las cuales “no tienen un solo joven en situación de privación de la libertad”.

El dato adquiere mayor relevancia cuando se contrasta con informes de organismos como la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que habla de 1.530 jóvenes privados de libertad en la provincia de Buenos Aires, repartidos entre establecimientos del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA), el 31% en establecimientos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), el 27% bajo arresto o prisión domiciliaria y el 2% en otras situaciones.

También explicó que la gestión provincial activó recursos propios para poner en marcha un plan de obras que permita recibir a los nuevos ingresantes en condiciones dignas y sin violar derechos humanos. Entre las intervenciones más destacadas que lleva adelante la Provincia se encuentran:

• Complejo Abasto: Se inauguró el primer módulo junto al gobernador Axel Kicillof. Es la obra más importante desde la creación del sistema penal juvenil, compuesta por seis módulos (cinco de alojamiento y uno de enfermería), además de una escuela interna y una cancha multipropósito. La entrega del último módulo está programada para marzo del año próximo.
• Reciclado de módulos históricos: Se iniciaron obras de refacción integral sobre dos módulos históricos que habían sido vaciados por su deterioro edilicio, con fechas de entrega pautadas entre enero y febrero.
• Predio en La Matanza: Se recuperó un inmueble perteneciente al Organismo de Niñez que estaba cedido a la pauta penitenciaria para adecuarlo en un plazo de cuatro meses, esperando tenerlo operativo en enero.

“No nos vamos a resignar a amontonar jóvenes”

“Nosotros no nos vamos a resignar a que la discusión sea cómo amontonar jóvenes. Queremos que el cumplimiento de una medida de privación de la libertad sea en ámbitos adecuados, que no lleven al hacinamiento ni a la violencia”, planteó Zerillo sobre el enfoque provincial de la medida.

En ese sentido cuestionó que el Gobierno haya promovido y promulgado la reforma sin atender el impacto presupuestario que va a significar. “El gobierno nacional no destinó un solo centavo. No hay ninguna estimación presupuestaria para que las provincias tengan financiamiento o puedan ejecutar los lugares donde van a tener que ser alojados”, sostuvo.

“Directamente dictó una ley y dijo: ‘Arréglense en esta etapa de recorte presupuestario cómo van a amontonar a esa cantidad de jóvenes'”, insistió, cuestionando el plazo “mágico” de 180 días que establece la norma para su aplicación total.

“Cualquiera puede darse cuenta de que eso requiere un desarrollo de infraestructura, de personal, de condiciones de prestación de los servicios. Cualquiera menos el Gobierno nacional, que piensa que en el mágico plazo de seis meses uno puede realizar una planificación, licitar la obra y construir centros”, reflexionó.

Para el funcionario, la Casa Rosada actuó “entre gallos y medianoche” y con “cero planificación pública”, buscando únicamente el impacto efectista en redes sociales sin asumir responsabilidades de gestión.

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