La Cámara de Diputados bonaerense dispuso el archivo de las actuaciones internas vinculadas al caso del puntero político Julio “Chocolate” Rigau, el juez de Garantías Guillermo Atencio, a cargo de la investigación, denunció a las autoridades de ese cuerpo por el presunto delito de “encubrimiento”.

La presentación surgió luego de que la Cámara archivara un pedido de la Justicia vinculado con los empleados cuyos contratos eran cobrados por el puntero político. Frente a esto, Atencio presentó la denuncia ante la fiscalía de turno del Departamento Judicial de La Plata.

La decisión del magistrado se produjo después de que la Cámara baja resolviera archivar un requerimiento judicial que buscaba establecer qué legisladores habían designado a los agentes involucrados en el expediente, que son considerados como "ñoquis". La decisión de archivar esa documentación fue aprobada en mayo en un trámite exprés.

La fiscal de la causa, Betina Lacki, requirió hace más de un año y medio esa documentación. Ante las reiteradas evasivas, Atencio emitió una orden de presentación para exigir la entrega de los papeles. Sin embargo, la respuesta formal de la Cámara, firmada por el secretario Legislativo, fue contundente: no proporcionarán los documentos porque fueron incluidos dentro de un proyecto de resolución general que, posteriormente, fue archivado.

La votación en Diputados

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, presentó un proyecto que, bajo el argumento de “ratificar lo actuado por la mesa ejecutiva”, se incluyeron casi 8.000 resoluciones administrativas, entre las cuales se encontraban los expedientes del caso Rigau.

En aquella jornada, en el recinto se encontraban representantes de todas las fuerzas políticas (Unión por la Patria, La Libertad Avanza -con la presencia de Francisco Adorni-, el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica). El único diputado que se desmarcó de la maniobra fue Cristian Castillo, del Frente de Izquierda.

El caso Rigau se conoció luego que se filtrara que casi medio centenar de personas que figuraban como empleados de la Legislatura cedían sus tarjetas de débito para que ese puntero retirara mensualmente sus salarios de los cajeros automáticos del centro de La Plata.