Para completar la saña, los furtivos cuaterearon al ave, se fotografiaron con los restos colgando de un árbol como si fuera un trofeo y difundieron impunemente las imágenes en redes sociales.

El hecho desató una investigación judicial encabezada por la Unidad Funcional de Instrucción N.º 3 de Pergamino, bajo la conducción del fiscal Nelson Mastorchio y el ayudante fiscal Abel Adrián Rodríguez, junto con el Comando de Patrulla Rural dirigido por la subcomisario Ayelén Labanca.

Tras semanas de pesquisa y el aporte clave de datos e imágenes recopiladas por la propia víctima y sus allegados, la Policía llevó a cabo allanamientos en los que secuestró elementos irrefutables para la causa: plumas, la cabeza y las patas del animal.

Un vínculo de afecto y crianza pacífica

Raúl Fleitas desnudó el dolor que le produjo la pérdida de un animal al que no consideraba una presa ni un mero adorno rural, sino un compañero cotidiano al que vio nacer.

El vínculo comenzó tres años atrás, cuando rescató un huevo de ñandú de un nido abandonado, un fenómeno habitual en los campos cuando las aves son asustadas por intrusos o por fauna silvestre como los peludos.

“Lo saqué a través de un huevo, lo crié de chiquito. En los primeros días tenías que darle calor por el frío, cuidarlo mucho”, recordó Fleitas.

A medida que el ave creció, jamás estuvo en cautiverio ni privada de su libertad. Se desplazaba sin restricciones entre los potreros de El Tauro e incluso cruzaba a los predios linderos.

Lejos de comportarse con la arisca esquivez propia de los ejemplares salvajes, el ñandú desarrolló una mansedumbre singular: convivía pacíficamente con las vacas, los cerdos, las gallinas y hasta con los propios perros guardianes del casco.

Reconocía el motor de las camionetas que le traían alimento y agua, e interactuaba diariamente con los trabajadores de la estancia.

Esa extrema confianza con el ser humano, cultivada en un entorno de protección, terminó siendo su sentencia de muerte.

Los cazadores furtivos ingresaron de manera ilegal al establecimiento acompañados por perros galgos.

Sabiendo que el ejemplar no huiría con el pánico característico de la fauna silvestre, soltaron a los canes, acorralaron al ave, registraron la escena en video y le dieron muerte de forma inclemente.

“Entraron y lo cazaron de la peor manera. Soltarle dos galgos y filmarlo a un animal que era medianamente manso... Después lo colgaron del cogote en un árbol, se sacaron fotos con los perros, uno de cada lado”, relató Fleitas con voz entrecortada durante el diálogo periodístico.

Intrusión violenta y reclamo de justicia

El caso de El Tauro no es un episodio aislado, sino el reflejo de un flagelo recurrente que golpea a los productores y trabajadores rurales de toda la provincia de Buenos Aires: la irrupción de cazadores con perros galgos que violan las normativas vigentes, vulneran los cerramientos perimetrales y destruyen la fauna o las instalaciones productivas.

Fleitas remarcó que el establecimiento cuenta con abundante cartelería de advertencia distribuida a lo largo de los alambrados que dan a la ruta 51 y al camino vecinal.

Los letreros indican de forma expresa la prohibición de ingresar y de ejercer la caza.

Pese a ello, la impunidad con la que operan estos grupos quedó en evidencia cuando, lejos de ocultar el delito, exhibieron el cuerpo descuartizado del animal en plataformas digitales.

“En el campo tenemos carteles por todos lados que dicen ‘prohibido cazar’. Pero pareciera que cuando ponés límites, la gente se ensaña con hacerte daño por pura maldad”, expresó el encargado.

Fleitas explicó además los perjuicios colaterales que genera la caza furtiva en la actividad agropecuaria cotidiana: los perros asustan a la hacienda en pastoreo, rompen boyeros eléctricos, cortan alambres y provocan destrozos en la infraestructura de los establecimientos.

Lo que más indignación le generó al trabajador rural fue la absoluta falta de empatía y la soberbia de los responsables tras la difusión del caso. “Esperé más de 21 días un llamado, una disculpa. Todos cometemos errores, pero cuando uno se equivoca tiene que tener la hombría de pedir perdón. Sin embargo, nunca llamaron”, lamentó.

La causa abierta en la Justicia de Pergamino no solo contempla la infracción a la Ley Nacional de Conservación de la Fauna Silvestre (Ley 22.421) y las normativas provinciales que protegen a especies autóctonas como el ñandú, sino también los delitos de violación de domicilio e invasión de la propiedad privada.

Para Fleitas y los pobladores rurales de La Violeta, el avance del expediente y los resultados positivos de los allanamientos representan una señal indispensable para que este tipo de atropellos no queden impunes y se ponga un freno definitivo al vandalismo en el ámbito rural.