El peronismo destrabó los proyectos de salud de Axel Kicillof y aspira a aprobarlos en el Senado

Hubo modificaciones a partir de las conversaciones internas, dado que no estaban todos los votos al interior del bloque de Unión por la Patria.
03 de Octubre de 2026 | Primera Plana

Después de un mes de negociaciones, el peronismo logró destrabar los desacuerdos internos en el Senado y pudo dar avance a los dos proyectos de salud que giró el gobernador Axel Kicillof y que fue a defender el ministro Nicolás Kreplak.

Los textos, que sufrieron modificaciones por pedido de los senadores Sergio Berni y Mario Ishii, pero también de los representantes del sector privado de la salud, fueron tratados este jueves en la comisión de Salud Pública. Ahora, el peronismo buscará aprobarlos en Legislación General el lunes para poder incorporarlos al orden del día de la sesión del martes 6.

Los proyectos tienen que ver con la integración del sistema sanitario, como así también con la creación de un laboratorio bonaerense de medicamentos. En concreto, la propuesta de integración del sistema sanitario busca dejar atrás la fragmentación que hay entre los subsectores público, privado y de la seguridad social para coordinarlos todos bajo la conducción del Ministerio de Salud provincial. En ese orden, uno de los principales cambios es la creación de una Red Bonaerense de Atención y Cuidados, que organizará la atención según distintos niveles de complejidad.

Según explicó el ministro Kreplak cuando acudió al Senado a defender la propuesta, eso permitirá que todos los establecimientos de salud, independientemente del subsector o la jurisdicción a la que pertenezcan, puedan compartir información de manera segura mediante sistemas informáticos compatibles.

“La importancia de tener un laboratorio de la provincia de Buenos Aires, más allá de que nosotros tenemos una industria farmacéutica nacional importante y buena, con todos los problemas que hay para el acceso al medicamento, nos va a permitir tener mejores precios”, valoró este jueves el presidente de la comisión, Pedro Borgini, en diálogo con Buenos Aires/12.

Respecto del segundo proyecto, Borgini recordó la etapa de la pandemia, cuando “se articuló muy bien la salud privada con la pública, se atendió muy bien, a nadie le faltó nada” y ponderó que “con esto vamos a ir cerrando un círculo, la salud es una sola en realidad, pero el Estado tiene que tener una injerencia importante y no como está haciendo hoy el Estado Nacional que se corre de todos lados”.

Cuáles son los cambios que destrabaron los proyectos

Según se expuso en el marco de la comisión, los cambios que se acordaron con autoridades del Ministerio de Salud fueron orientados a precisar el alcance de las competencias del Estado provincial, como así también establecer “mayores garantías para los distintos actores del sistema” y “clarificar” las condiciones de participación en la Red Bonaerense de Atención y Cuidados en Salud. “Estas modificaciones mantienen los objetivos generales del proyecto y se concentran en determinados aspectos regulatorios, institucionales y operativos”, valoraron.

Entre los principales cambios con el texto original es que suprime la facultad del Poder Ejecutivo de definir la ubicación de los establecimientos sanitarios, como así también el poder determinar la necesidad sanitaria para la incorporación de nuevos establecimientos o tecnologías de salud a partir de ciertos criterios, que era un reclamo que había expuesto el senador Berni.

Otro punto de relevancia fue la restricción de la facultad de la autoridad del sistema integrado de exigir prestaciones extraordinarias al sector privado, limitándola a “situaciones excepcionales de emergencia sanitaria formalmente declarada”, al tiempo que se establece el carácter temporal de estas medidas y se prohíbe la afectación permanente de bienes o personal sanitario.

Además, afirma que los establecimientos privados pueden incorporarse voluntariamente a la Red y se establece que la falta de adhesión no afectará su habilitación, funcionamiento ni acceso a programas generales ajenos a ella.

En el caso del proyecto de laboratorio de medicamentos, lo más relevante fue el cambio en relación a la participación accionaria, por lo que se establece expresamente que el Estado provincial será titular del 99 por ciento del capital social mediante acciones clase A, mientras que el 1 por ciento restante corresponderá a acciones clase B, que podrán ser suscriptas por uno o más accionistas públicos o privados. A ello agrega que se prohíbe que el Estado provincial transfiera sus acciones sin autorización de la Legislatura, mediante el voto de los dos tercios.

En otro orden, deja expreso en el Estatuto la obligación de incluir una política de financiamiento y endeudamiento, pero con “límites prudenciales” destinados a preservar la solvencia y sustentabilidad financiera de la sociedad.

Por otro lado, crea una Comisión Bicameral compuesta por 5 legisladores de cada cámara, que tendrá facultades para solicitar informes y formular recomendaciones sobre el funcionamiento de la sociedad. Además, se establece que deberá intervenir previamente en determinadas operaciones de endeudamiento extraordinario, en tanto que las operaciones del giro ordinario, dentro de los límites establecidos, continuarán siendo gestionadas por los órganos societarios competentes.

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