El ex diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert fue procesado este jueves por el delito de lavado de dinero de fondos ilícitos del empresario Federico “Fred” Machado, se le trabó un embargo de 1000 millones de pesos y se le prohibió la salida del país.

La decisión la tomó el juez federal Lino Mirabelli y es a raíz de la transferencia de 200 mil dólares que en 2020 le hizo Machado a Espert por un contrato de asesoramiento en su empresa “Minas del Pueblo”, una minera de Guatemala.

En la misma resolución el magistrado procesó Mariano Alejandro Cosentino, contador del exlegislador, como partícipe necesario del lavado, con un embargo de 700 millones de pesos, y a la sociedad familiar Varianza SA, a la que le fijó un embargo de 500 millones.

La decisión recoge la hipótesis del fiscal federal Fernando Domínguez, que en junio había pedido la indagatoria de quien llegó a encabezar la lista libertaria en las elecciones de 2025. Para el fiscal, Espert blanqueó los 200.000 dólares que recibió de una organización criminal transnacional mediante la compra de un BMW y de un Lexus de 130.000 dólares, además de la integración de un fideicomiso en Costa Esmeralda.

La transferencia llegó a una cuenta bancaria de Espert en Estados Unidos y fue girada por Wright Brothers Aircraft Title Inc., una de las compañías usadas por la red ligada a Machado acusada de lavar dinero del narcotráfico.

La justificación de José Luis Espert

El exdiputado justificó ese ingreso con un contrato de asesoramiento con una empresa minera guatemalteca, pero Domínguez sostuvo que ese acuerdo era una simulación. Se hecho sospecha que Minas del Pueblo -la compañía en cuestión- funcionó como una pantalla para facturar servicios que nunca se prestaron.

A esto se sumó que horas atrás la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín no hizo lugar al reclamo presentado por la defensa para pedir la nulidad de las medidas de prueba. La defensa planteó que el fiscal se había excedido de sus atribuciones al ordenar medidas posteriores a su indagatoria; la validez de las declaraciones testimoniales sin aviso a la defensa; el pedido de informes patrimoniales de Espert, su pareja y terceros “ajenos al proceso”.

Además, cuestionó la incorporación de informes de inteligencia “secretos” a los que la defensa no tuvo acceso; y los peritajes a celulares y otros dispositivos secuestrados sin la posibilidad de designar un perito de parte para la intervención.

El procesamiento se suma a las medidas cautelares que ya pesaban sobre el exdiputado: el juez Mirabelli había ordenado la inhibición general y la prohibición de innovar sobre los bienes de Espert y de su esposa, María Mercedes González, una medida prorrogada en marzo de 2026 y confirmada luego por la Cámara Federal de San Martín.