La Justicia Federal hizo lugar a la cautelar presentada contra las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para frenar la aplicación de la resolución 213/2025, por la que ese organismo dejaba de prestar servicios regulados y certificaciones vinculadas a la metrología legal, como la aprobación de modelos y verificaciones de instrumentos de medición.

La decisión del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, firmada por el magistrado Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, hizo lugar a una medida cautelar impulsada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

En su resolución, dispuso suspender por un plazo de seis meses la totalidad de los efectos de la norma y paralizar de inmediato el plan. Y se suma a otra que había tomado en mayo de este año el mismo magistrado que frenó el cierre de unos 600 servicios que brinda el organismo en el país.

Dicho esquema establecía un cronograma de cese de actividades escalonado que abarcaba el Área Metropolitana de Buenos Aires a partir del 31 de enero de 2026, extendiéndose a las provincias durante el primer semestre de ese mismo año. Asimismo, la orden judicial prohíbe explícitamente cualquier traslado, reubicación, préstamo o disposición del equipamiento técnico sensible del INTI, entre los que se encuentran patrones nacionales de medida, etilómetros, cinemómetros y balanzas patrón.

En materia laboral y de servicios públicos, la cautelar impone al organismo la obligación de garantizar la ocupación efectiva y la continuidad de todos los agentes pertenecientes a la Dirección Técnica de Metrología Legal y al Organismo de Certificación. La decisión judicial exige el mantenimiento pleno de las funciones, categorías, salarios y condiciones de trabajo vigentes al 28 de diciembre de 2025.

“Este fallo no es sólo en favor de ATE y los trabajadores del INTI, sino también de decenas de miles de PyMEs y del funcionamiento de una buena parte de la sociedad, ya que los servicios que brinda este organismo resultan de una importancia trascendental”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario General del sindicato. Y agregó: “Una vez más le ganamos a la motosierra”.

Para el dirigente, esta medida deja en claro que no se puede cerrar el organismo ni echar a nadie. “Que se obligue al Estado a mantener la estructura, el presupuesto y la atención es un enorme triunfo luego de tener un presidente que manifiesta estar empeñado en destruir el Estado”, destacó.