El INTA exoneró a la científica que investigó el impacto de los agrotóxicos en Argentina

Virginia Aparicio recibió la máxima sanción disciplinaria que puede aplicarse a un empleado público nacional. La comunidad científica cuestiona la medida y sostiene que la investigadora fue sancionada tras divulgar resultados de un estudio internacional sobre la presencia de agroquímicos en personas y el ambiente.
08 de Noviembre de 2026 | Primera Plana

La científica Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora independiente del Conicet, fue exonerada del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) mediante la Resolución 366. La decisión fue adoptada bajo el argumento de que habría cometido “graves hechos”, según señalaron desde el organismo.

Aparicio se desempeñaba en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce y dedicó más de 25 años al estudio del destino de los plaguicidas y otros contaminantes de uso agrícola presentes en el ambiente y su impacto en la salud humana.

Desde la comunidad científica que respalda a la investigadora, y que reunió más de 17 mil firmas en el último mes, consideran que existe una persecución vinculada con la difusión de información sobre el impacto de los agrotóxicos en Argentina, en el marco de un proyecto internacional.

La acusación se inició con la apertura de un sumario administrativo en 2023, poco después de conocerse los primeros resultados del estudio internacional Transición Sostenible de Protección Vegetal (SPRINT), en el que Argentina participó a través del INTA.

La investigación, desarrollada entre 2020 y 2025 en 11 países, buscaba analizar los efectos de los plaguicidas sobre las personas, los animales y los ecosistemas. En Argentina, los resultados de 73 voluntarios revelaron la presencia de mezclas de agroquímicos en sangre, orina y materia fecal.

A fines de 2023, el país anunció su retiro del proyecto mediante la Resolución 2023-399-APN-INTA, sin comunicar los hallazgos sobre la presencia de agrotóxicos en las personas y el ambiente ni explicar los motivos de la desvinculación.

El abogado de Aparicio, Mario Bolla, explicó que el sumario también alcanzó a otros directivos que participaron del SPRINT. Según relató, la investigadora fue notificada recién en febrero de 2025 y, ante la falta de acceso al expediente y al detalle de las acusaciones, decidió inicialmente reservarse el derecho a declarar.

“Lo hicimos al poco tiempo, por escrito, donde negamos los motivos de las acusaciones”, sostuvo el letrado.

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