Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) actuaron en el caso del geriátrico clandestino tras recibir una denuncia sobre las condiciones en las que vivían los 25 adultos mayores alojados en la residencia ubicada en Ezpeleta, partido de Quilmes.
La investigación se inició a partir de una denuncia recibida en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, a cargo del Dr. Luis Antonio Armella, Secretaría Penal N° 3 y del Dr. Maximiliano Iturburu, que señalaba posibles maltratos en un asilo de ancianos ubicado en la calle Gualeguay al 5400.
Por tal motivo, el Juzgado interventor autorizó la intervención de la División Delitos Contra la Salud Pública, con el objetivo de establecer si existían conductas ilícitas relacionadas a la Trata de Personas o la Explotación Laboral.
Ante tal situación y con la orden del “Registro Domiciliario, Secuestro, Requisa Personal y Vehicular” emitida por el Magistrado, se organizó un importante procedimiento coordinado con el personal de la Dirección de Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y de la Secretaría de Salud y Agencia de Fiscalización y Control Comunal del Municipio de Quilmes.
Además intervino equipo de profesionales del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y del Programa de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.
Fue la propia Patricia Bullrich quien difundió la información: "La PFA recibió la denuncia y actuó de inmediato. Nuestros efectivos iniciaron tareas de campo para desenmascarar a estos miserables”.
“El geriátrico había sido clausurado el año pasado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, ¡pero seguía operando! Sólo había dos mujeres a cargo de 25 personas: la cocinera y la encargada”, detalló la ministra de Seguridad de Nación.
“Los ancianos vivían bajo tortura: sin comida, sin limpieza, en condiciones de hacinamiento y falta de aseo personal y ¡hasta los bañaban con agua fría!”, se lamentó la funcionaria de Javier Milei.
“Se aprovecharon de la mala salud de estas pobres personas, que no podían defenderse por sus problemas cognitivos y de movilidad”, detalló Patricia Bullrich sobre las condiciones en las que vivían los ancianos.
En ese marco, la titular de la cartera de Seguridad informó que los adultos mayores “fueron asistidos de inmediato y, una vez estabilizados, trasladados a residencias geriátricas de PAMI”.
El Magistrado que entiende en la causa dispuso el traslado de los ancianos con sus familiares en los casos que esto fuese posible, y la reubicación de aquellos que no contaran con esa posibilidad, a residencias geriátricas disponibles en PAMI, la Intendencia de Quilmes o el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
Bullrich finalizó la publicación con sus clásicas advertencias, en este caso refirió: “Estos malnacidos que hicieron esto van a pagar caro por sus acciones”. El posteo fue acompañado con un video en donde se observa el accionar de los agentes de la PFA en el geriátrico clandestino.
La Judicatura actuante dispuso la Clausura Judicial y Administrativa del lugar, y el secuestro de las 25 copias de las historias clínicas de los damnificados para continuar el curso de la causa.
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