En el marco de una causa en la que se investigó el contrabando de indumentaria y accesorios, además de la comercialización de mercadería en infracción a la ley de marcas, la Justicia Federal resolvió la entrega de 3.300 pares de zapatillas y unas 700 prendas de ropa a organizaciones que trabajan en barrios vulnerables de Mar del Plata. La mercadería pertenecía a una organización que operó al menos desde mediados de 2016 y hasta junio de 2018, cuando se produjeron los allanamientos, a través de la venta de estos artículos en comercios tipo “showrooms” y por medio de redes sociales, que tenían almacenados en viviendas particulares y en bauleras que alquilaban para tal fin, de acuerdo con el diario La Capital.
Al momento de dictaminar, el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Daniel Adler, sostuvo: “Del análisis del caso surge el secuestro de gran cantidad de mercadería (en su gran mayoría vestimenta y zapatillas), respecto de las cuales el juez ordenó su decomiso, mientras actualmente se encuentran en el depósito de la Dirección General de Aduanas. Es decir, hace cuatro años que las cosas se encuentran depositadas e incumplida la manda judicial”. Y añadió: “En ese marco, tal como oportunamente ya he sostenido y ha sido acogido favorablemente por esta Cámara, los bienes que resultan de la propia conducta delictiva son normalmente destruidos o dispuestos a fines sociales independientemente de la culpabilidad o inocencia de su titular, o derechos de terceros, lo cual muestra que el fundamento de estos decomisos es de naturaleza preventiva. La privación de esos bienes, encuentra fundamento en que tales elementos han sido utilizados de un modo perjudicial para la sociedad y por ello, el Estado debe impedir que ello vuelva a ocurrir”.
Adler sostuvo que la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia “informó que los elementos referidos resultarían de extrema necesidad para las personas en situación de vulnerabilidad que son asistidas por diversos centros comunitarios”. Y agregó: “En consecuencia, he de requerir que instruya la entrega de la mercadería decomisada a las entidades de bien público de nuestra comunidad informadas”.
E juez federal Santiago Inchausti, quien subroga el Juzgado Federal N° 1 de Mar del Plata, y quien había actuado en la instrucción, dispuso el decomiso de toda la mercadería secuestrada en el marco de la causa y ordenó su disposición a fines sociales.
Así, la semana pasada se montó un dispositivo en inmediaciones de la sede de AFIP-Aduana en el Puerto de Mar del Plata, a través del cual se distribuyeron alrededor de 3.300 pares de zapatillas y ojotas, cerca de un centenar de prendas de abrigo, y unas 700 unidades de pantalones, camisetas y remeras.
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