El escándalo desatado a partir de las estafas de RainbowEx, la plataforma que prometía ganancias rápidas y fáciles, no para de destapar ollas en diferentes puntos del país. A las 3.000 familias afectadas en la ciudad cordobesa de Alta Gracia por el esquema Ponzi ahora se le sumó la sospecha de una conexión con la política local.
El intendente de Alta Gracia, Marcos Torres Lima, negó que exista un vínculo con la Fundación Dream Team, actualmente bajo investigación judicial. Se trata de la organización acusada de ser el canal a través del cual se promovía la misma plataforma de inversión usada en RainbowEx para llevar a cabo múltiples estafas en la localidad bonaerense de San Pedro.
Al igual que en San Pedro, unos 3.000 inversores de la ciudad de Alta Gracia depositaron sus ahorros con la esperanza de obtener ganancias exponenciales, pero se encontraron con la misma realidad: una estafa piramidal que los dejó al borde de la ruina.
Lo que generó un revuelo todavía más grande es la vinculación de algunos de los directivos de Dream Team con la política local. Uno de los apuntados es Claudio Murúa, secretario de la fundación y empleado de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC).
Murúa es también un reconocido militante peronista y formaba parte de la comisión del Festival de Colectividades de Alta Gracia. Ante la creciente presión social, Murúa tuvo que renunciar a su cargo en el festival. Su abogado, Daniel Villar, es también asesor legal del municipio.
El intendente Marcos Torres Lima niega a iProUP cualquier vínculo entre el gobierno local y la organización sin fines de lucro: "No es de nuestra municipalidad esta fundación ni hay absolutamente ninguna vinculación con el poder político".
"Conozco muchos vecinos que creían ingenuamente que iban a ganar estos intereses diarios que son una mentira", agrega el mandatario. Sobre Murúa, Torres Lima asegura que "pertenece al Partido Justicialista y es amigo, no lo voy a desconocer. Dice ser estafado y deberá probar su inocencia".
Contactado por iProUP, un concejal opositor plantea: "Las preguntas sobre cómo una fundación con vínculos tan estrechos con funcionarios municipales pudo operar durante tanto tiempo sin levantar sospechas siguen sin respuesta".
Entretanto, la Justicia inició una investigación para determinar las responsabilidades penales de los involucrados. Los investigadores están analizando los movimientos financieros de la fundación y entrevistando a las víctimas para reconstruir la mecánica de la estafa.
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