Continúan reportándose los casos de fumigaciones con agrotóxicos en campos sojeros y afines en Luján. Esta actividad impacta directamente en la salud de la población y contamina el ambiente en general. Hoy por la mañana, se esparcieron venenos a pocos metros de la localidad de Carlos Keen, lo cual afectó a su población. Por este motivo, se suspendieron las clases del Jardín de Infantes N.° 915, la Escuela Primaria N.° 6 y la Escuela de Educación Secundaria N.° 4.
Lo anterior se suma a que, ayer, también por la mañana, se vio transitando un “mosquito” (tractor autopropulsado de fumigación terrestre) por el centro de la localidad de Olivera. En ambos casos se incumple la Ordenanza N.° 5953.
Hace pocos días, se presentaron en sociedad los resultados del Mapeo Colectivo de Escuelas Públicas Fumigadas de Luján, que aportó datos alarmantes por la gran cantidad de instituciones afectadas por el agronegocio.
Desde el 2011, el partido de Luján cuenta con una ordenanza que prohíbe pulverizar en cercanía de espacios poblados, escuelas y caminos rurales, casas aisladas y cursos de agua, sin embargo, se cumple a cuentagotas. Además, los límites que “impone” la ordenanza son ínfimos en comparación a la deriva de las pulverizaciones. Por citar dos casos, son 100 metros de protección a las escuelas rurales y 500 a espacios poblados, cuando, mínimamente, estos venenos se esparcen en el aire unos 3.000 metros, en lo que respecta a la fumigación terrestre.
Los tres poderes del Estado, y en sus tres niveles, no controlan ni penan al empresariado del agronegocio que viola sistemáticamente la normativa existente y deja a la población y al resto de la naturaleza indefensos.
Desde Campaña por el Agua Limpia en las Escuela (CALE), se manifestaron en estos términos: “El Estado es responsable. Por señalar unos pocos puntos, decimos que el Poder Ejecutivo local, a cargo de Leonardo Boto, no tiene una política seria de control ambiental; el Concejo Deliberante sostiene una ordenanza anticuada y no escucha la voz de los pueblos; el Poder Judicial no investiga el recurrente incumplimiento de las leyes, a pesar del crecimiento exponencial de enfermedades y muertes”.
“Sumamos que ni el Estado de la provincia de Buenos Aires ni el Estado Nacional abordan estudios epidemiológicos que den cuenta de la relación entre las actividades productivas y las enfermedades y muertes de la población de los pueblos fumigados, como Luján; en cambio, generan políticas públicas de promoción del agronegocio en detrimento de los intereses de las grandes mayorías”.
A la fecha, existen estudios que evidencian los efectos que estos tóxicos tienen sobre la salud. La exposición provoca alergias en la piel, problemas respiratorios y gastrointestinales, además del desarrollo de enfermedades reproductivas con aumentos de abortos espontáneos y malformaciones congénitas, problemas endócrinos como hipotiroidismo, trastornos del desarrollo neurológico y tasas de cáncer que se disparan triplicando las incidencias, prevalencias y mortalidad por enfermedades oncológicas en relación directa con la exposición de agrotóxicos.
Todo lo expuesto conduce a la sistemática violación de los Derechos Humanos, el ecocidio y delitos de lesa humanidad. “Hacen caso omiso de las denuncias y no promueven iniciativas de fomento de alternativas productivas basadas en la agroecología, lo cual sí podría alimentar a la población en vez de enfermarla”, concluye la CALE.
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