La pelea por el financiamiento universitario suma otro capítulo y ya espera una decisión de la Corte

La Cámara Contencioso Administrativo Federal habilitó el recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo contra la cautelar que frenó parcialmente el decreto 759/25. El expediente por las partidas destinadas a las universidades públicas quedó ahora en condiciones de llegar a la Corte Suprema.
08 de Mayo de 2026 | Data Clave

La disputa judicial por el financiamiento de las universidades públicas sumó este jueves un nuevo capítulo. La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal habilitó el recurso extraordinario presentado por el Estado nacional contra la cautelar que había frenado parcialmente la aplicación del decreto 759/25, firmado por el presidente Javier Milei.

Con esta resolución, el expediente quedó en condiciones de ser elevado a la Corte Suprema de la Nación, que ahora deberá definir si toma intervención en el caso y revisa la medida que limita la aplicación de la norma cuestionada por el sistema universitario.

Los camaristas José Luis López Castañeira y Sergio Gustavo Fernández sostuvieron que, aunque la resolución apelada no representa una sentencia definitiva, el expediente involucra la interpretación de normas federales vinculadas a la administración y ejecución presupuestaria del Estado. Entre ellas mencionaron las leyes 24.629, 24.156, 11.672 y 27.798.

En ese marco, los jueces entendieron que correspondía admitir formalmente el recurso impulsado por el Poder Ejecutivo debido a que la decisión previa del tribunal había resultado contraria a la postura planteada por la administración nacional.

Sin embargo, la Cámara también rechazó otros argumentos presentados por el Gobierno. Los magistrados descartaron que existiera arbitrariedad en la sentencia cuestionada y remarcaron que los cuestionamientos oficiales “solo traducen una mera discrepancia” con lo resuelto previamente por el tribunal.

Además, los camaristas consideraron improcedente el planteo de “gravedad institucional” presentado por el Estado. Según indicaron, la posible intervención de la Corte no apunta a proteger un interés institucional general, sino un interés patrimonial individual de la administración nacional.

El conflicto comenzó después de que Milei firmara el decreto 759/25, una medida cuestionada por el sistema universitario público debido a su impacto sobre las partidas destinadas al funcionamiento de las casas de estudio.

En medio del deterioro presupuestario denunciado por las universidades, rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional, junto a otras entidades académicas, promovieron una acción de amparo contra el Estado nacional. Según plantearon, las medidas oficiales afectaban la autonomía universitaria y comprometían el funcionamiento educativo, científico y administrativo de las instituciones públicas.

La causa quedó radicada en el fuero contencioso administrativo federal y el 23 de diciembre de 2025 el juez Martín Cormick hizo lugar a la cautelar presentada por las universidades. Esa resolución suspendió parcialmente la aplicación del decreto mientras se analizaba el fondo del expediente.

Tras esa decisión, el Gobierno apeló y el caso llegó nuevamente a la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que a fines de marzo confirmó la cautelar al considerar que existían elementos suficientes para preservar temporalmente el financiamiento universitario hasta que hubiera una sentencia definitiva.

Si todavía no recibís las notificaciones de PRIMERA PLANA, mandanos un Whatsapp al 2477.506005 con la palabra ALTA y pasaráas a formar parte de nuestra base de datos. ¿Más fácil? Hacé click en el siguiente enlace https://wa.link/3b57du.