Con paros y clases públicas, se redoblan los reclamos por el financiamiento universitario

Mientras el Gobierno intenta impulsar una nueva normativa para evitar cumplir con la ley actual, desde las universidades llevarán adelante diversas medidas durante toda la semana. La protesta frente a los tribunales.
26 de Mayo de 2026 | Data Clave

La docencia universitaria y preuniversitaria lleva adelante un paro en todo el país entre hoy y el 30 de mayo luego de la masiva movilización del 12 de mayo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la defensa de la educación pública y gratuita.

Gremios docentes nucleados en Conadu y Conadu Histórica anunciaron el paro de toda la semana en exigencia también de una convocatoria a paritarias. Al reclamo se suman también los gremios no docentes. Denuncian que la pérdida salarial supera un tercio del poder adquisitivo, y que el 70% de la docencia se encuentra por debajo de la línea de pobreza.

La semana pasada, el Gobierno envió al Parlamento un iniciativa para reemplazar la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria. El proyecto fue firmado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

A diferencia de la legislación vigente, que las autoridades siguen sin aplicar, el texto incorpora de manera explícita de dónde saldrían los recursos para afrontar los gastos. Sin embargo, el principal objetivo del Gobierno es lograr que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) retire la cautelar que debe resolver pronto la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

 

Reclamos ante los tribunales

La semana pasada, organizaciones, docentes, académicos e integrantes del ámbito científico y educativo, presentaron una carta abierta dirigida a la Corte Suprema que tuvo más de 3.200 firmas. Allí, le exigieron al máximo tribunal que se expida de manera urgente en la causa por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

"La demora en resolver esta situación profundiza el deterioro del derecho a la educación y afecta el funcionamiento de las instituciones universitarias, las condiciones laborales de docentes y no docentes, y el acceso efectivo de estudiantes a una educación pública de calidad en todo el país", expresaron.

"La Corte Suprema tiene la oportunidad de reafirmar algo tan básico como fuertemente necesario en este contexto: que el Poder Ejecutivo debe cumplir con la ley y que los derechos consagrados en la Constitución Nacional requieren recursos económicos suficientes y adecuados para ser efectivos. La Constitución encomienda a los poderes del Estado garantizar las condiciones de la educación universitaria pública como una responsabilidad indelegable", concluyeron.

Sin fecha ni plazos exactos para resolver, este martes se realizarán clases públicas frente al Palacio de Tribunales para llevar adelante una jornada de defensa de la universidad pública.

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