El concejal Diego Lafalce presentó un proyecto de ordenanza para que el intendente, los concejales y los funcionarios políticos presenten declaración jurada de bienes.
El edil, electo por Juntos por el Cambio y ahora al frente de un bloque denominado "Pro Libertad" en el que confluyó con la concejala Viviana Riquelme, de vacaciones, elevó el expediente, que pasará a comisión en la sesión de este jueves.
La iniciativa propone adherir a la ley provincial vigente, con el objetivo de "mejorar la calidad de la democracia y el funcionamiento de las instituciones" y "fortalecer el vínculo de confianza" entre vecinos y representantes políticos.
El proyecto propone obligar a la presentación de declaración jurada patrimonial al intendente, los concejales, funcionarios del gabinete, personal político del Concejo y a "agentes que tengan a su cargo la administración de fondos del erario municipal y/o custodia de bienes", lo que incluye a empleados municipales.
No es la primera vez que se propone y hasta el momento ninguna de las iniciativa prosperó: ni la de Matías Velo en 2008 ni la de Sánchez Negrete en 2012, desde la oposición. Tampoco las que anunció el propio intendente Cecilio Salazar, primero en 2016 y luego en 2018.
La declaración jurada deberá contener los datos completos del titular así como de su cónyuge, hijos menores no emancipados, personas a cargo y convivientes de: bienes inmuebles, bienes muebles registrables (autos, motos, aviones, embarcaciones).
La propuesta también pretende obligar a declarar otros bienes como equipos, instrumentales, joyas, objetos de arte o ganado, de los que deben determinarse su valor en conjunto.
De la misma manera, se deben especificar bienes inmuebles o muebles registrables de los que se tenga "posesión, tenencia, uso, goce, usufructo por cualquier título motivo o causa", consignando propietarios, títulos y motivos por los que se poseen, el tiempo y plazo de uso, y si es gratuito u oneroso, todo con el objeto de "esclarecer la relación de los declarantes con los bienes".
Por ejemplo: si el funcionario en cuestión alquila, deberá consignarlo con todos los detalles, al igual que si circula a diario en un vehículo que, por ejemplo, le fuera asignado por una empresa, sindicato o institución con la que tiene relación laboral.
Capital invertido en créditos o valores cotizables o no en bolsa o en explotaciones personales o societarias y depósitos en bancos, sean de ahorro o inversión, cuentas corrientes o cajas de seguridad, y monto de dinero en efectivo en moneda nacional o extranjera, créditos vigentes y otras deudas de tipo hipotecaria, prendaria o común.
También pide consignar los ingresos netos derivados del trabajo, sea en relación de dependencia, de actividades independientes o profesionales, los que deriven de rentas o sistemas previsionales, y los de cualquier tipo, siempre especificando su origen.
La idea es que una vez sancionada la ordenanza, si es que se aprueba en el Concejo, los involucrados presenten su declaración jurada dentro de los 60 días y que luego lo hagan cada año antes de que comience febrero. Para los ingresantes, correrá un plazo de 30 días hábiles. De la misma manera, deberán actualizarla al dejar sus funciones.
El plan es que las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios sean públicas y estén disponibles en las páginas web del Municipio y del Concejo, con la debida protección de los datos personales de hijos y cónyuges.
Las sanciones previstas implican descuentos en los haberes o dietas, que van desde el equivalente a un día a el total, según el tipo de incumplimiento.
El proyecto ingresará formalmente en la sesión de este jueves y pasará al tratamiento en comisión, donde se discutirán los puntos para modificar, mejorar, ampliar o reducir el proyecto, si es que hay consenso para que una propuesta de este tipo avance.
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