Una tasa municipal sobre lo facturado de una empresa por control de seguridad e higiene puede ser considerada completamente errónea y discriminatoria por varias razones contundentes

En los últimos tiempos, hemos visto cómo el gobierno municipal ha decidido aumentar porcentajes de tasas sobre lo facturado de las empresas con el argumento de financiar servicios de control de seguridad e higiene. Sin embargo, esta práctica no solo es cuestionable en términos éticos, sino que también puede tener efectos devastadores en la economía local, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (PYMEs). A continuación, expongo algunas razones que fundamentan esta postura.

En primer lugar, la injusticia económica que representa esta tasa es innegable. Cobrar a las empresas en función de sus ingresos, sin considerar sus costos y márgenes de ganancia, penaliza a aquellas que se esfuerzan día a día por sobrevivir y prosperar. Es importante recordar que una buena facturación no garantiza la salud financiera de un negocio.

Además, la falta de proporcionalidad entre la tasa y el costo real del servicio que se ofrece por parte del municipio se convierte en una especie de impuesto encubierto. Es inaceptable que los empresarios deban asumir costos inflados que no tienen justificación clara. Este tipo de medidas se alejan del principio de equidad y generan un ambiente de desconfianza entre el sector privado y el gobierno.

La competencia desleal es otro factor crítico. Este tipo de tasas crea un escenario tóxico donde las grandes corporaciones pueden absorber estos gastos, mientras que las PYMEs, que son fundamentales para la economía local, terminan en situaciones financieras vulnerables, lo que podría llevar a muchos negocios a cerrar sus puertas.

Cabe mencionar también la duplicación de cargas que se impone a las empresas que ya realizan inversiones significativas en seguridad e higiene. Es completamente injusto que deban pagar de nuevo por servicios que ya están gestionando de manera correcta y responsable. Los empresarios no deberían ser penalizados por cumplir con sus obligaciones.

Añadiendo a lo anterior, imponen una barrera al crecimiento empresarial. Gravar los ingresos en lugar de enfocarse en la calidad del servicio significa que se frena la expansión de muchas empresas, reduciendo así las oportunidades de empleo y estancando el desarrollo económico de la región.

La falta de transparencia en el uso de los fondos recaudados es otro tema que no se puede ignorar. Si las municipalidades no pueden demostrar cómo se utilizan esos ingresos, la tasa se convierte en una herramienta recaudatoria sin justificación. Esto solo genera desconfianza y descontento en la comunidad empresarial, que se siente cada vez más marginada y atacada.

La tasa también refleja un abuso de poder por parte del gobierno municipal. Al imponer cargas financieras sin atender las realidades del sector empresarial, se evidencia una burocracia desenfrenada que se encuentra en contra de los intereses de quienes generan empleo y riqueza en la comunidad.

Por último, no podemos obviar el potencial de litigios que puede generar esta medida. Al ser cuestionada tanto por su naturaleza como por su fundamento legal, la municipalidad podría enfrentar conflictos costosos que superen con creces los beneficios que busca obtener.

En conclusión, esta tasa municipal representa una amenaza directa a la viabilidad de los negocios y al empleo en nuestra comunidad. Es fundamental que las autoridades municipales revisen y cuestionen duramente la implementación de esta medida, y en su lugar, prioricen el apoyo a los negocios locales. Debe buscarse construir un entorno propicio para el desarrollo, no un entramado de cargas que arrastre a la ruina a aquellos que se atreven a emprender.

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