La semana pasada, la justicia federal determinó el sobreseimiento del intendente de Monte Hermoso, Marcos Fernández, quien estaba acusado de integrar una asociación ilícita por la aparición de votantes truchos en las elecciones del 2015, en las cuales habría crecido exponencialmente el padrón.
La jueza Federal N° 2, María Gabriela Marrón, indicó que no se pudo acreditar la participación del jefe comunal en una organización delictiva, ni sus conexiones, y que la evidencia presentada no tenía "el peso suficiente" para ser considerada prueba.
También se vieron beneficiados el secretario de Gobierno, Hernán Arranz, y otros familiares y empleados de la comuna.
Más allá del alivio para el Intendente y sus funcionarios más cercanos, para la Justicia está acreditado que hubo votantes truchos. Sin ir más lejos, fue procesado por falsedad ideológica de instrumento público Oscar Adrián Bertín, quien era subdelegado del Registro de las Personas.
En su vivienda de Av. Bahía Blanca, tenían asentado domicilio otras nueve personas que claramente no residían en el lugar.
También fue procesado Santiago Cruz, porque figuraba domiciliado en un terreno baldío, en Pandeles 350, al igual que otros cinco individuos.
Ninguno de los dos fue privado de su libertad pero se les fijaron fianzas: 1 millón de pesos a Bertín y de 200 mil pesos a Cruz.
La investigación de la Justicia Federal detectó que en otro inmueble figuraban 19 personas domiciliadas, y que hubo empresas de transporte que declararon haber sido contratadas por el propio municipio y organizaciones peronistas para movilizar gente.
Fallo apelado
Frente a esa evidencia, el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez apeló el fallo al considerar que no fue valorada la evidencia recopilada y las pruebas incorporadas, según indica el portal Fiscales.gob.ar.
Además, sobre la decisión del juzgado de anular las declaraciones testimoniales de las personas cuyos domicilios fueron cambiados por considerar que estos no revestían la calidad de víctimas, sino de imputados, el funcionario advirtió que era irrazonable entender que estas personas formaban parte del entramado delictivo.
El concejal Victorio Dupuy, denunciante, dijo a Infocielo que "es indudable que todo eso pasó", y que "quedó en evidencia porque tuvieron que pagar una fianza". "Son más de dos personas, es una asociación ilícita. Y hay elementos de prueba, por eso vamos a seguir insistiendo. ¿Quién no sabe que traen gente a Monte para votar?", cuestionó.
En ese contexto, el edil criticó que la resolución de la jueza haya trascendido primero en un medio periodístico antes de ser notificados, y remarcó que en la localidad "se vive con la injusticia" y "con los asesinos de Katherine Moscoso caminando por el pueblo".
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