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Confirmaron el procesamiento de Marcos Di Palma por un corte de electricidad que afectó a la localidad de Capitán Sarmiento

Habría colisionado con un cable de alta tensión mientras piloteaba una avioneta no habilitada, sin licencia y por debajo de la altura de vuelo reglamentaria, lo que provocó la interrupción del servicio en la ciudad. La decisión fue notificada esta semana a la fiscalía federal de San Nicolás, que interviene en la etapa de instrucción.

La Cámara Federal de Rosario confirmó el procesamiento de Marcos Di Palma por el delito de interrupción del transporte de energía eléctrica que en diciembre de 2017 afectó a la localidad de Capitán Sarmiento, como así también un embargo de 400 mil pesos. La Sala A ratificó así la resolución dictada en junio de 2019 por el Juzgado Federal N°2 de San Nicolás en la causa en la que interviene el fiscal Matías Di Lello.

La decisión confirmatoria fue firmada por los jueces José Guillermo Toledo y Aníbal Pineda en noviembre y notificada esta semana a la fiscalía federal nicoleña, que participa en la etapa de instrucción. De esa manera, el tribunal revisor rechazó los argumentos de la defensa contra la calificación legal en la que se encuadró la conducta del ex piloto de TC, prevista en el artículo 196 del Código Penal, y la valoración de la prueba reunida en la causa.

“Se puede inferir que Di Palma –señalaron los camaristas- no podía desconocer dos hechos fundamentales, los cuales son que la avioneta que piloteaba no poseía la rehabilitación siendo su directa consecuencia que ésta no era apta para volar, a lo que se suma su falta de habilitación como piloto. En conclusión, era su deber saber que no podía pilotear ni usar la aeronave en cuestión por no encontrarse ésta, así como el nombrado en calidad de piloto, en las debidas condiciones conforme a la normativa vigente en materia de aviación”. Ese ese sentido se había pronunciado oportunamente Di Lello, quien había explicado que al momento de los hechos el imputado carecía de licencia actualizada y de apto psicofísico para manejar la aeronave. Asimismo, consideró que la avioneta Cessna matrícula LV-IPT tampoco contaba con el mantenimiento legalmente establecido, por lo que no se encontraba apta para volar. Según consta en la causa, la última rehabilitación de la aeronave en cuestión fue otorgada el 22 de julio de 2010 y venció en 2011.

En consecuencia, los jueces concluyeron que correspondía confirmar la resolución dictada en primera instancia, “no obstante que con el devenir del proceso pueda modificarse la situación procesal del encartado ya que sabido es que el auto de procesamiento constituye una resolución provisoria, que se dicta en momentos iniciales de la investigación”. Ante el tribunal revisor intervino la Fiscalía General, que también opinó en el sentido luego resuelto.

Cómo empezó la causa

La causa se inició a raíz de la denuncia que formuló un empleado de la empresa de Transporte de Energías de Buenos Aires ante la Comisaría de Arrecifes, al norte de la provincia de Buenos Aires. El denunciante reseñó que el 4 de diciembre de 2017 recibió un llamado telefónico del Centro Operativo con base en Ezeiza haciéndole saber que toda la localidad de Capitán Sarmiento se había quedado sin suministro eléctrico debido a una falla en el kilómetro 178.5 de la Ruta 8. Personal especializado de la Policía de la provincia de Buenos Aires constató que una avioneta que volaba de la localidad de Arrecifes a Sarmiento pasó por arriba del puente del Río Arrecifes y colisionó con uno de los tres cables de alta tensión, lo que produjo su rotura y la caída al piso de parte de la aeronave.

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